Las diferencias en el TC imposibilitan una declaración institucional que zanje el debate abierto por los ERE

El pleno del Tribunal Constitucional continuará este martes las deliberaciones en torno al asunto más delicado que tiene entre manos: la ejecución de sus sentencias ante consultas a la justicia europea, como la anunciada por la Audiencia Provincial de Sevilla en relación con las que el TC dictó en julio en el caso de los ERE. Pero si de algo ha servido el "debate interno" abierto por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, tras conocerse esta iniciativa -ya puesta en práctica por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con unos laudos arbitrales-, ha sido para corroborar las posturas irreconciliables que mantienen los 12 magistrados, algo que, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, imposibilitan zanjar la polémica suscitada con la redacción de una declaración institucional.

Conde-Pumpido dice estar "preocupadísimo", porque "cuestionar el TC es cuestionar el sistema democrático"

Las mismas fuentes señalan que el debate jurídico introducido en este pleno se ha producido de forma inversa a la habitual, de tal forma que el primero en intervenir ha sido el propio Conde-Pumpido, seguido por los magistrados en orden de más antiguos a más modernos. Este martes intervendrán María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo, Laura Díez y José María Macías, que es el último que se ha incorporado al Constitucional.

Durante su intervención, Conde-Pumpido insistió en su preocupación por la decisión de tribunales españoles de elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la ejecución de resoluciones del propio Constitucional. La mayoría de los magistrados que se han pronunciado este martes han coincidido con los cinco informes internos, realizados a petición de dos magistrados del sector conservador y del propio Conde-Pumpido, en descartar la posibilidad de que desde el TC pueda impedirse que cualquier juez o tribunal consulte al TJUE.

Durante los debates ha habido incluso quien ha discutido que se reclamara a la Audiencia de Sevilla la providencia en la que se consulta a las partes la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial en relación a la sentencia que anuló las condenas de los ERE, entre ellas la de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que originó toda una tormenta en el seno de este órgano. Los jueces de Sevilla creen que el TC ha podido realizar una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación" que choca con la normativa europea contra la corrupción.

Ante esa disparidad de posturas las fuentes consultadas ven imposible redactar una declaración institucional para zanjar el debate. De punto de partida se quería utilizar una ponencia del magistrado de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez, pero hay magistrados cuya postura es mucho más dura. No obstante, hay quien también incide en la importancia del debate jurídico suscitado, con independencia de que pueda alcanzarse o no una posición concreta. Otras fuentes añaden que algunas de las posturas dadas a conocer este martes apuntan a la necesidad de que el Constitucional opte por la prudencia frente a una declaración que podría entenderse como un ataque contra los jueces españoles que optan por acudir a Europa o contra el propio TJUE.

Informes internos del TC complican el plan de Conde-Pumpido para evitar que se cuestionen sus sentencias

En el orden del día el debate interno mantenido aparecía "desvinculado" del caso de los ERE, de tal forma que lo que los magistrados lo abordaban como el "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales"en relación con el "deber de velar por el cumplimiento efectivo" de sus propias resoluciones que tienen los magistrados del órgano de garantías en cumplimiento del artículo 92.1 de la ley orgánica por la que se regulan.

Se trataba, según las fuentes consultadas por este periódico, de abordar una cuestión novedosa, para la que no existe aún doctrina y que puede afectar a la efectividad de todo el sistema de recursos en nuestro ordenamiento jurídico. El propio Conde-Pumpido explicó este lunes en un acto en el Ateneo de Madrid que en el caso de que el TJUE termine admitiendo y estimando las cuestiones prejudiciales planteadas se planteará un conflicto entre tribunales similar al ya vivido por otros Tribunales Constitucionales europeos, como el italiano o el alemán con el Tribunal de Justicia de la UE en relación con doctrinas o resoluciones que pueden colisionar con sus competencias.

De momento el tribunal de Luxemburgo ya tiene sobre la mesa una cuestión parecida, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que el Constitucional se pronunciara en contra de su decisión de anular parcialmente el laudo alcanzado entre Cabify y Auro sobre la exclusividad a la hora de prestar servicios.