El Govern supedita la última subida de sueldo de los funcionarios al segundo suplemento de crédito

Tras aprobar un primer suplemento de crédito de 2.168 millones de euros que le permite hacer frente a los gastos ordinarios y a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, el Govern pone ahora toda la carne en el asador para pactar con ERC y con los Comuns un segundo decreto con los 1.769 millones restantes de los ingresos de más del año pasado para tener más margen de maniobra en un contexto de prórroga presupuestaria. Según explican fuentes gubernamentales, está en juego parte del sueldo de los funcionarios, puesto que unos 1.000 millones estarán destinados a sostener el incremento del 2% aprobado el año pasado y, a futuro, el 0,5% adicional prometido por el Gobierno, además de a sufragar el crecimiento tangencial de las conselleries. Eso significa que, de cara a la negociación con los socios de investidura, queda una cantidad no superior a los 700 millones de euros.

El Govern avisa de que no se podrá mantener la gratuidad de Rodalies sin un nuevo suplemento de crédito

La consellera de Economia, Alícia Romero, ya dejó caer este viernes que hay reivindicaciones de ERC y de Comuns, como mantener la gratuidad de Rodalies hasta que se normalice el servicio, que no se van a poder llevar a cabo si no se inyectan esos recursos a las arcas de la Generalitat. Sin embargo, en el caso de los funcionarios, según fuentes sindicales, no hay precedentes de que por una situación de prórroga presupuestaria se haya recortado el salario o se haya congelado una subida comprometida. El gasto de la Generalitat en salarios públicos -nóminas y productividad- es de 11.500 millones anuales en estos momentos, pero los presupuestos que están en vigor, los de 2023, no incluían los dos últimos incrementos pactados para los trabajadores públicos, motivo por el que el Govern aspira a poder sumar esos recursos de más.

Un solo decreto más

Y quiere hacerlo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, en un solo decreto más después de haberse visto obligado a trocear el montante total, de cerca de 4.000 millones. Uno de los temores de los socialistas es que los republicanos exijan nuevas fragmentaciones, algo ante lo que esta vez el Govern se resistirá a ceder con el argumento de que cuanto más se tarde en aprobar el suplemento más se tardarán en ejecutar los acuerdos alcanzados. Sí que están dispuestos, no obstante, a firmar compromisos con ERC y los Comuns sobre a qué se destinará los 700 millones de margen disponibles.

El Govern aprobará un suplemento de crédito de 2.100 millones para garantizarse la estabilidad sin presupuestos

Eso sí, teniendo en cuenta que además del salario de los funcionarios y del incremento de gasto para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, el Govern tiene que hacer frente también a compromisos plurianuales heredados de la etapa de Pere Aragonès, por ejemplo en materia de infraestructuras para hacer frente a la sequía. La cantidad restante es la que, según el ejecutivo, debería servir para sufragar la gratuidad de Rodalies -como ha aprobado el Parlament- o para impulsar la ley de barrios prometida al principio de la legislatura así como a dar cumplimiento al plan de inversiones anunciado por el president Salvador Illa para que Catalunya logre liderar económicamente España.

El encaje de bolillos con ERC y Comuns

En Palau querrían dejar este asunto resuelto antes del parón de Semana Santa para que, a la vuelta, solo quede su convalidación en el Parlament, pero habrá que ver si esas intenciones casan o no con las de ERC y de Comuns, además de las reclamaciones que hagan ambos socios. ERC no es partidaria de votar el segundo suplemento de crédito en bloque y quiere trocearlo como mínimo en dos decretos, sino más. Así lo expuso esta semana el líder del partido, Oriol Junqueras: "Puede que no haya una segunda -negociación de suplemento de crédito-, sino que haya una segunda y una tercera", dijo.

Para los republicanos no es fácil estar dando apoyo sostenido a Illa en el Parlament, por lo que quieren cocinar cada pacto a fuego lento y con contrapartidas claras y públicas. Así, ERC prefiere votar los 1.000 millones para los funcionarios por un lado -no cuestiona en ningún caso ese aumento de sueldo-, y los 700 millones restantes por el otro. "Hablar, hablaremos, pero con condiciones", exponen fuentes republicanas. Su intención es influir en qué se gastan esos 700.

Los Comuns, por su parte, ya han empezado a marcar el terreno públicamente. Han insistido en que la Generalitat debe destinar 850 millones de recursos propios en vivienda, poner en marcha la unidad antidesahucios y también el cuerpo de 150 inspectores que deben aplicar las multas a quienes se salten los topes al precio de los alquileres. También, han anticipado, harán demandas en materia de educación, sanidad, trenes y energías renovables.

En busca de la estabilidad

Pese a que en ERC estén deshojando la margarita, el Govern no concibe otro escenario que no sea que ese segundo suplemento completo prospere y que, además, lo haga a corto plazo. Lo contrario, advierten en Palau, supondría dejar 1.700 millones "en un cajón". Pero en la oposición también son conscientes de que eso supondría un golpe a la mayor estabilidad que persigue Illa, además de tener que hacer frente a episodios delicados como el de la nómina de los funcionarios.

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