El Govern activa 148 inspecciones por incumplimiento del tope del precio a los alquileres

Dos meses después de la entrada en vigor del régimen sancionador de la ley de vivienda, que permite multar a los propietarios que alquilen por un precio superior al límite fijado en el índice de referencia, el Govern ha hecho este miércoles un primer balance sobre su aplicación. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha informado en el Parlament de que ya se han iniciado 148 inspecciones en distintos ámbitos: 68 en locales, 74 en páginas web y seis en portales inmobiliarios.

Según Paneque, estas primeras investigaciones han permitido detectar las principales estrategias utilizadas para eludir la regulación de precios, para las que se prevén multas de hasta 900.000 euros. Entre las prácticas más comunes, el Govern ha identificado incumplimientos en el desglose del precio total del alquiler -habitualmente se incluyen servicios adicionales y otras cantidades que acaban siendo asumidas por el inquilino cuando no deben-, irregularidades en la duración del contrato y en las fianzas y garantías exigidas, así como modificaciones del precio a largo plazo, una maniobra que establece subidas encubiertas que no se reflejan en la renta inicial.

"La mayor parte del sector se está poniendo al día [para cumplir la ley]", ha asegurado la consellera, que también ha anunciado que el Govern ha atendido 20 denuncias que se han registrado en el canal que se puso a disposición de la ciudadanía el día después de aprobarse la nueva normativa.

La falta de inspectores

Los expedientes que de momento se han abierto corren a cargo de la Agència d'Habitatge y la de Consum, que es el cuerpo de inspectores con el que cuenta ahora la Generalitat para llevar a cabo este control, pese a que el propio Govern reconoce que es "insuficiente" y, según sus cálculos, se necesitan unos 75 o 100 inspectores más para poder inspeccionar y evitar fraudes. De hecho, el dinero destinado a la ampliación del cuerpo de inspectores es una de las partidas que deberá incluirse en la segunda ampliación de crédito -de 1.769 millones de euros- que el Executiu negocia con ERC y los Comuns para compensar la ausencia de nuevos presupuestos este 2025, tras haber aprobado el martes una primera inyección de 2.100 millones de euros.

El objetivo del Executiu es que los inspectores actúen de manera "proactiva" en la fiscalización de los infractores, un punto en el que los Comuns presionan especialmente a Paneque. El partido liderado por Jéssica Albiach en el Parlament argumenta que, más allá de contar con un marco normativo sancionador, debe ser la propia administración la que impulse la persecución de estas vulneraciones legales con iniciativa propia. Para ello, y como ha explicado la parlamentaria de los morados, Susanna Segovia, es fundamental reforzar el cuerpo de inspectores hasta alcanzar, al menos, los 150 inspectores y juristas, además de lanzar una campaña institucional para informar a los inquilinos sobre sus derechos.

Una campaña institucional pendiente

"Esta información [la de las inspecciones iniciadas] debe ser pública para dar un mensaje claro hacia fuera. Si no se da una señal clara del compromiso del Govern, el régimen sancionador será papel mojado", ha afirmado Segovia, que había formulado inicialmente una pregunta a la consellera sobre el número de sanciones que ya se habían aplicado desde la aprobación de la ley. Segovia ha pedido, además, el despliegue urgente de una campaña publicitaria que informe a todos los inquilinos de sus derechos.

Los Comuns piden a Paneque máxima transparencia en la actuación del Executiu con el régimen sancionador para que la normativa aprobada sea "disuasoria" y evite que los arrendatarios sigan apostando por fórmulas irregulares para no cumplir la ley. De hecho, según lo acordado entre el Govern y los Comuns, la Generalitat debía poner en marcha una campaña institucional para publicitar las multas, una acción que todavía no se ha desplegado.

La ley contempla tres nuevas infracciones consideradas muy graves y que están multadas con entre 90.001 y 900.000 euros: fijar un precio de un alquiler que supera el 30% del tope establecido por la ley estatal, que no conste la finalidad del contrato o poner una finalidad que sea fraudulenta y cargar gastos de gestión al inquilino. En cuanto a las infracciones graves, y con una horquilla de multas de entre 9.001 y 90.000 euros, se incluye poner un precio de alquiler hasta un 30% por encima del de referencia o que en el contrato no figure ese importe de referencia o la renda del contrato anterior. Además, los agentes inmobiliarios y plataformas pueden ser multados con multas de hasta 100.000 euros si empujan a los propietarios al fraude de ley, sanciones que son acumulables si se cometen varias infracciones a la vez.