La fiscalía da luz verde a la suspensión del ingreso en la cárcel de Laura Borràs hasta que se tramite el indulto

La Fiscalía Superior de Catalunya no se opone a que se suspenda a la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, su ingreso en prisión, hasta que no se resuelva la propuesta de indulto que efectuó en su sentencia el tribunal que le condenó a cuatro años y medio de cárcel, según el escrito remitido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El ministerio público precisa que esta postura tiene como finalidad "evitar posibles perjuicios" a la dirigente independentista en el caso de que el Gobierno acabe concediendo la medida de gracia. Eso sí, esta suspensión está condicionada a que los magistrados del TSJC eleven al Ejecutivo de Pedro Sánchez la petición de indulto acordada.

En el mismo escrito, la fiscal Assumpta Pujol Ribera recuerda que la sentencia contra Borràs limitaba el indulto a la pena privativa de libertad, por lo que solicita al TSJC que proceda al cumplimiento del resto de la condena, es decir, los 13 años de inhabilitación y la multa de 36.000 euros. La expresidenta de Junts fue declarada culpable por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018. El Tribunal Supremo confirmó a principios de febrero la pena impuesta a la política independentista y se abrió el periodo de ejecución de la sentencia, tras declarar su firmeza y no poder presentarse más recursos.

Indulto sin nombrarlo

El alto tribunal catalán solicitó, en este sentido, opinión a las partes personadas en el proceso judicial. Borràs pidió el 26 de febrero al TSJC que suspendiera su condena de cuatro años y medio de cárcel. Y, aunque su abogado, Gonzalo Boye, no citaba expresamente la palabra indulto, sí lo hacía de forma velada. En el breve texto enviado al tribunal, el letrado reclamaba que se dejara sin efecto la ejecución de la pena privativa de libertad y que se "proceda a ejecutar" lo previsto en el artículo 5.3 de la sentencia de marzo de 2023. Justamente, este precepto proponía al Gobierno que se aplicara esta medida de gracia de forma parcial (para rebajar la pena a dos años) con el fin de que la dirigente de Junts no ingrese en un centro penitenciario. La fiscalía no se ha opuesto ahora a esta petición y deberá ser el TSJC el que resuelva si eleva o no al Gobierno la petición de indulto.

La fiscalía también se pronuncia respecto a los otros dos condenados: el informático Isaías Herrero Florensa y el empresario Andreu Pujol Martín. Estas dos personas llegaron a un acuerdo antes del juicio con la fiscalía. Siguiendo esta línea, el tribunal condenó a Herrero a dos años de prisión, a una inhabilitación durante un año y 10 meses para contratar con la administración pública y a una multa de 2.100 euros; mientras que a Martín le condenó a un año y dos meses de prisión, a una inhabilitación por un año y un día para contratar con la administración pública y a una multa de 2.250 euros. El ministerio público también avala que se les suspenda la pena. En el caso de Herrero, en atención a la "colaboración y arrepentimiento mostrado en el juicio" y a la "acreditada superación de su adicción a las sustancias estupefacientes", junto con el hecho de haber abonado la multa; y, en el caso de Pujol Martín, la fiscalía expone sobre la multa que se ha comprobado la insolvencia de la empresa de su propiedad, que con posterioridad a la condena, ha estado declarada en concurso de acreedores y después disuelta, "con la consecuente pérdida de ingresos económicos que le ha comportado".