El Govern ya negocia con ERC y Comuns para atar su 'sí' a un segundo suplemento de crédito

El Govern ha aprobado este martes el primer suplemento de crédito, de 2.168 millones, que le permitirá hacer frente al gasto ordinario de la maquinaria de la Generalitat en un escenario de presupuestos prorrogados. Pero el president Salvador Illa, que ha conquistado con este nuevo acuerdo de la mano de ERC y Comuns una mayor cota de estabilidad, aspira a poder ir más allá y disponer de recursos para impulsar proyectos con sello propio. Es por eso que el ejecutivo está ya arremangado en una nueva negociación con los socios de investidura para poder aprobar un segundo paquete de 1.769 millones.

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La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes tener "confianza" en que ese nuevo acuerdo con los socios de investidura llegará, aunque ha esquivado mojarse sobre cuándo cree que eso será posible -fuentes socialistas aseguran que sería deseable antes de Semana Santa-, y sobre el cómo, ya que aunque el Govern aspira a un solo decreto más, sabe que ERC podría exigir, de nuevo, trocear esa cantidad que queda fruto de unos mayores ingresos el año pasado. El ejecutivo ha tratado poner el foco en lo logrado hasta ahora. La conselleria de Economia, Alícia Romero, ha celebrado el "éxito" que supone el pacto a tres. Y Paneque ha añadido que ha sido posible gracias a una vocación "constructiva" de los socios que convive con la "exigencia" al Govern en minoría, un talante que espera que siga operando.

ERC y Comuns marcan terreno

Sin embargo, los socios empiezan ya a marcar terreno. ERC para dejar en el aire que pueda llegar a avalar un segundo suplemento, por más que están dispuestos a "hablar" formalmente de ello. Y los Comuns para empezar a marcar el terreno del coste de su voto. Para convalidar el primer decreto, han advertido, el Govern debe aceptar más reclamaciones de los Comuns. Desde destinar 850 millones de recursos propios a vivienda a la puesta en marcha de la unidad antidesahucios y el cuerpo de inspectores que deben aplicar las multas a quienes se salten los topes al precio de los alquileres. También, han anticipado, habrá demandas en materia de educación, sanidad, trenes y energías renovables.

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Pese a las exigencias, el Govern no concibe otro escenario que no sea que el suplemento completo prospere. Lo contrario, ha advertido Romero, sería dejar ese montante de 1.700 millones "en un cajón". "Es una oportunidad muy positiva y tenemos esperanza en continuar trabajando para esos ingresos adicionales", ha defendido Paneque remando en la misma dirección. Lo ha hecho en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu en la que también ha presumido de los otros dos decretos acordados y aprobados: el que reduce el IRPF a las rentas inferiores a 33.000 euros y amplía las deducciones en materia de vivienda, y el que recoge el incremento de la tasa turística.

Es una oportunidad muy positiva y tenemos esperanza en continuar trabajando para esos ingresos adicionales

Sílvia Paneque

— Portavoz del Govern

Todos ellos deberán ser ahora convalidados en el Parlament en el plazo máximo de un mes, un escenario ante el que la portavoz del Govern ha emplazado al resto de grupos a "entender la bonanza" de los tres decretos, que tienen el ánimo de ofrecer un "buen servicio" a la ciudadanía y el despliegue de políticas que repercutan en las rentas de "los que más lo necesitan".

Junts planta batalla

Con estos tres decretos, el Govern de Illa gana oxígeno para continuar pilotando la legislatura y afianza la mayoría de la investidura. A la espera, eso sí, de si ERC le concederá más margen presupuestario después de que los republicanos aseguraran a principio de año que lo que no harían, tras decir que no apoyarían nuevos presupuestos este 2025, es dar alas a unas cuentas "por la puerta de atrás". Justo eso es lo que considera Junts que está pasando. Su portavoz, Mònica Sales, ha cargado contra el Executiu por no contar con ellos en la negociación y ha tachado de "falta de respeto" que se vuelva a echar mano de la figura del decreto. Incluso ha dejado la puerta abierta a recurrirlo ante el Consell de Garanties Estatutàries.