Dictamen por unanimidad
El Consell de Garanties ve contrario al Estatut una parte del decreto ley de Illa sobre grandes tenedores
El órgano consultivo no cuestiona las medidas, sino que se tramiten como decreto y no como ley
ERC impugna ante el Consell de Garanties el último decreto de vivienda de Illa
La Generalitat crea un registro de grandes tenedores para saber cuántos pisos vacíos hay en Catalunya

Pisos en construcción en Barcelona. / Ferran Nadeu


Quim Bertomeu
Quim BertomeuPeriodista
Licenciado en Periodismo y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Sigue la actualidad política del Govern, del Parlament de Catalunya y el día a día de los partidos catalanes, sobre todo de ERC.
El Consell de Garanties Estatutàries ha dado este martes la razón a ERC y ha considerado que una parte del último decreto ley sobre vivienda del Govern de Salvador Illa es contrario al Estatut. El problema de la nueva norma no está en el fondo, sino en la forma: el Consell considera que algunas de las medidas que incluyen son de tanto calado que deberían regularse a través de una ley -y, en consecuencia, de un trámite parlamentario más complejo- y no de un simple decreto por urgencia.
En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat -que se pronuncia sobre la legalidad de las normas catalanas- considera que hay siete apartados del artículo 3 del decreto ley que no está justificado que se regulen a través de un mecanismo "extraordinario y urgente" como es el decreto. "Por lo tanto, vulneran el artículo 64.1 del Estatut", concluyen los juristas del Consell por unanimidad.
Este decreto fue impulsado por el Govern tras un pacto con los Comuns para, en otras cuestiones, crear un registro de grandes tenedores para saber cuántos pisos vacíos hay en Catalunya. Además, planteaba la creación de nuevas licencias exprés para facilitar la construcción de viviendas. El Consell de Garanties no tiene inconveniente en ninguna de las medidas, pero considera que algunas de ellas no están justificadas que se adopten a través de un mecanismo de urgencia como un decreto.
En concreto, exige que se tramiten como ley toda la parte de la normativa que tiene que ver con la simplificación de los trámites para facilitar la instalación de energías renovables que fomenten la ahorro energético y la lucha contra la emergencia climática. Además, también recomienda que se regule por ley toda la parte del decreto que flexibiliza la construcción de equipamientos docentes y sanitarios de titularidad pública. En definitiva, el Consell de Garanties no cuestiona el corazón de la norma, pero pide que se tramite de forma más pausada y garantista como es una ley.
La posición del Consell de Garanties Estatutàries estima parcialmente el recurso que presentó ERC a principios de mes. Los republicanos alegaron que todo el decreto estaba viciado y que Illa se apoyaba en él ante "la incapacidad política de aprobar los presupuestos" de este año. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries es solo consultivo, por lo que ahora es la Generalitat quien tiene que decidir si lo aplica o no. La portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha considerado que el contenido del informe "no es negativo" y ha recordado el carácter "preceptivo y no vinculante", informa Sara González. En su mano está si lo aplica o no.
La 'moda' del decreto ley
Desde hace más de un lustro, los sucesivos gobiernos de la Generalitat -también del Estado- han tendido a promover más decretos que leyes. El motivo es que su tramitación es mucho más ágil que el de una ley y, por lo tanto, la puesta en marcha de las medidas es mucho más rápida. Esta tendencia se agudizó con la pandemia del coronavirus, ya que los gobiernos necesitaban implementar con urgencia todas las medidas sanitarias y de confinamiento que adoptaban. Sin embargo, un decreto ley es menos garantista a la hora de que la sociedad -a través de los parlamentos y de los partidos de la oposición- participe en el proceso legislativo a través de enmiendas. Es por esto que el Consell de Garanties Estatutàries -y también varios juristas- han denunciado más de una vez el uso abusivo de este mecanismo.
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