Abascal enfría un acuerdo rápido de Presupuestos en Murcia y Aragón para acaparar foco y tensionar al PP

Una de cal y otra de arena. Vox ha decidido echar el freno ante la convicción generalizada del PP de que “pronto” habría más acuerdos presupuestarios -en la Región de Murcia y Aragón- después de que justo hace una semana la Comunidad Valenciana anunciara fumata blanca. Hasta tal punto que distintas fuentes populares daban por hecho incluso que el viernes pasado se pudiera ya conocer el pacto en la comunidad que encabeza Fernando Lópes Miras. En cuanto a la región aragonesa que preside Jorge Azcón, decían en el PP, “también está ya muy cerca”.

Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha querido ahora marcar distancias. “Está complicado”, advirtió ayer el portavoz nacional ultra, José Antonio Fúster, con el claro objetivo de pinchar el globo del PP. Al menos, por unos días. Vox está decidido a mantenerse en el foco y exprimir la fuerza que sigue teniendo en varias comunidades donde aun estando fuera del gobierno, los populares necesitan su apoyo.

La semana pasada, con el pacto valenciano, la formación de Abascal acaparó mucho protagonismo. Algo que no sucedía desde hace tiempo y que ha hecho a Vox retomar sus grandes banderas políticas, dejando a un lado el discurso internacional por el que tantas críticas ha cosechado, en parte por su insistente apoyo a Donald Trump. Retomar las exigencias en materia migratoria -sobre todo en lo que tiene que ver con los menores migrantes no acompañados- o negarse a aplicar políticas verdes acordadas en Bruselas ha permitido a Vox volver a los asuntos domésticos que tantos réditos electorales le venían garantizando.

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En Génova insisten en que muchas de las cuestiones pactadas en la Comunidad Valenciana tienen más de retórica que de realidad, pero el PP ha tenido que asumir -al menos verbalmente- buena parte de la agenda de Vox.

Y ahora el partido de Abascal quiere repetir la jugada en Murcia y Aragón. Pero no tiene ninguna prisa. Como publicó este diario, la exigencia de partida siempre ha sido que los presidentes autonómicos asumieran en primera persona un compromiso claro. Es exactamente lo que hizo Mazón en su comparecencia del lunes pasado. Lo que el PP pretendía es que el acuerdo valenciano diera paso a dos pactos casi paralelos en estas comunidades autónomas. Muy lejos de lo que pretende Vox, que es alargar esta negociación y mantener ese protagonismo en cotas altas.

Mientras que los populares querían tres acuerdos prácticamente juntos y a la vez, Abascal busca hacer sufrir al PP. Poco a poco y que quede clara la influencia de su partido, por mucho que ya no estén dentro de los gobiernos autonómicos.

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En Castilla y León la negociación presupuestaria ni siquiera se ha abierto. La cercanía electoral hace inviable un acuerdo. En Baleares la situación interna del grupo parlamentario ultra también lo dificulta. Y en Extremadura es igual de complicado: María Guardiola consiguió el apoyo de Vox para un decreto ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria consciente de que cuentas públicas no habría. A cambio, tuvo que tragar con la derogación futura de la Ley de Memoria Histórica que pretendía mantener.

Así que, ahora todo el foco se mantiene en Murcia y Aragón. En Génova reconocen que a pesar del enfriamiento de Vox son “optimistas” con estas dos autonomías. No ven motivos para que Vox tumbe los Presupuestos en dos regiones en las que los conservadores son muy fuertes y tienen muchas políticas compartidas con los ultra de manera natural. “No creemos que nadie les haya votado para poner palos en las ruedas y que no tengan presupuestos”, dicen en el entorno de Feijóo. Pero Vox cree que puede exprimir bastante más su posición.

Como publicó este diario, al partido de Abascal le sentó bastante mal que poco después de anunciarse el acuerdo en la Comunidad Valenciana, la dirección nacional del PP dejara claro que, en lo que respecta a los menores migrantes, sus presidentes autonómicos siempre cumplirán la ley.

El acuerdo con Mazón lo que venía a decir es que la autonomía se negaría a la acogida de cualquier menor migrantes más. Fue el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el que insistió en que no se podrá encontrar una autonomía del PP que no cumpla con la legalidad. Pero es que al día siguiente Isabel Díaz Ayuso garantizó que, aun criticando la política migratoria del Gobierno y denunciando el colapso y la falta de recursos, su comunidad aceptaría a los menores que derivaran a Madrid. Lo mismo hizo el gallego Alfonso Rueda.

Muchas autonomías, eso sí, avanzaron que batallarán en los tribunales el nuevo real decreto ley pactado entre el Gobierno y Junts. Madrid también lo avanzó, como también Aragón. La exigencia de Vox sigue siendo que todas las autonomías “hagan lo que esté en su mano” -tanto política como judicialmente- para evitar la llegada de los menores extranjeros sin sus padres. Ocurre, dicen en el PP, “que la crítica política puede ir hasta el final, pero el cumplimiento de la ley no está en riesgo”. Y la cuestión es que Vox sigue pidiendo más.

Hay otras cosas como la petición de hacer pruebas de edad a los migrantes para asegurar que son menores, que en realidad ya incluyó el propio Feijóo en su acuerdo con el presidente canario, Fernando Clavijo, el pasado mes de septiembre.