El Govern aprobará un suplemento de crédito de 2.100 millones para garantizarse la estabilidad sin presupuestos

El president Salvador Illa tendrá este martes un poco más encauzada su estabilidad al frente de la Generalitat pese a gobernar en minoría y con los presupuestos de 2023 prorrogados. El Consell Executiu aprobará un primer decreto de suplemento de crédito que supondrá una inyección de 2.168 millones de euros procedentes de los ingresos de más obtenidos el año pasado. Se trata de un montante que le dará oxígeno porque estará destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y a financiar gastos ordinarios y de personal. Esto será posible gracias, de nuevo, a un acuerdo con ERC y Comuns. La mayoría de la investidura vuelve a operar, también con el acuerdo fiscal para reducir el IRPF a las rentas inferiores a 33.000 euros y para aumentar impuestos como la tasa turística.

Sin embargo, está por ver qué pasará con los otros 1.769 millones -procedentes del anticipo de 2025 y liquidación de 2023- de los que el Govern hubiera querido disponer -y haber aprobado ya en bloque- y que aspira a avalar en las próximas semanas para incrementar aún más el gasto. Según ha explicado la consellera de Economia, Alícia Romero, continúan negociando para poder contar también con esa cantidad. "No habrá suficiente con este primer decreto", ha dejado caer.

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Y es que, aunque la intención inicial del Govern era poder contar con ese suplemento de casi 4.000 millones en un solo decreto, al ejecutivo no le ha quedado otra que acabarlo troceando a petición de los republicanos, puesto que debe ser convalidado en el plazo de un mes por la mayoría del Parlament. ERC no se anduvo con rodeos a principios de año y dejó claro que no iba a apoyar las cuentas de 2025; y cuando Illa dejó entrever que su plan 'b' sería contar con esos recursos adicionales, añadieron que lo que no harían tampoco sería aprobar unos presupuestos "por la puerta de atrás".

El mismo suplemento que el año pasado

Si ahora el partido de Oriol Junqueras permite incorporar esta cantidad es porque corresponde prácticamente a la misma -2.137,7 millones- que el Govern de Pere Aragonès tramitó el año pasado en varios paquetes de suplementos de la mano del PSC y de los Comuns tras los presupuestos fallidos y ya con las elecciones del 12 de mayo convocadas. A la espera, pues, de si los socios avalarán un segundo paquete, el Govern de Illa gana margen de maniobra. "La aprobación de este suplemento es una buena noticia, permite que la maquinaria de la Generalitat funcione de manera normalizada", ha celebrado Romero.

La aprobación de este suplemento es una buena noticia, permite que la maquinaria de la Generalitat funcione de manera normalizada

Alícia Romero

— Consellera de Economia

Ha admitido, sin embargo, que están en negociaciones para ampliarlo. "No podemos tener recursos en un cajón que se pierdan", ha añadido confiando en las relaciones "fluidas y cordiales" con los socios para salirse con la suya y poder ir más allá de cumplir con las obligaciones de gasto e impulsar proyectos que podrían embarrancar en un contexto de prórroga. Ejemplo de ello es la ley de barrios, que el Govern anticipó a principio de la legislatura que sería uno de los buque insignia de su mandato, o las inversiones anunciadas en el marco de su plan de 18.500 millones para que Catalunya vuelva a liderar económicamente España. Romero no ha concretado cuándo querría el Govern aprobar ese segundo suplemento, aunque fuentes gubernamentales apuntan que lo preferible sería poder hacerlo antes del parón de Semana Santa.

Fuentes republicanas confirman el aval a este primer suplemento de crédito anunciado este lunes por el Govern, pero dejan en el aire un eventual apoyo al segundo. De hecho, aseguran que estan dispuestos a "hablar" de la cuestión, pero que hoy por hoy ni tan siquiera han empezado a negociar formalmente.

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219 millones más de recaudación

El escenario de negociaciones con los socios de investidura tiene múltiples dimensiones. Como contrapartida al acuerdo para el suplemento de crédito, los socialistas han accedido a medidas fiscales reclamadas por ERC y por los Comuns que supondrán 219 millones más de recaudación para las arcas catalanas. Quedarán también aprobadas en otros dos decretos este martes. Uno de ellos es el de la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 33.000 euros brutos que ya pactaron con los republicanos en los presupuestos fallidos de Pere Aragonès el año pasado y que calculan que beneficiarán a dos de cada tres catalanes, además de incorporar deducciones por alquileres de vivienda habitual.

El otro es el del incremento de la tasa turística sellado con los Comuns que fue anunciado hace un mes para destinar un 25% de todo lo recaudado a vivienda y ofrecer a todos los ayuntamientos la posibilidad de aplicar un recargo como hace Barcelona de hasta cuatro euros. Romero ha apuntado que los municipios podrán "modular" esa cantidad en función de la temporada y del código postal.

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En total, ha resumido la consellera, todas las modificaciones fiscales responden a un triple objetivo: que la prosperidad "se comparta", que la fiscalidad sea "más justa y progresiva" y que sirva también como "instrumento al servicio de la vivienda". Aunque en paralelo responden también a la aritmética a la que está condicionada el Govern de Salvador Illa para seguir navegando de la mano de los que lo hicieron president.