El Govern hace suyas las quejas de la Síndica sobre la "ineficiencia" de la administración: ¿qué medidas ha tomado?

Pocos días después de su investidura, Salvador Illa fue acusado por la oposición de querer convertir Catalunya en una "gestoría", una crítica que el Consell Executiu convirtió en un elogio. "Gestionar es lo más revolucionario que puede hacer un Govern", afirmó el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista en EL PERIÓDICO. A él, precisamente, Illa le encomendó un reto clave en esta nueva etapa: impulsar la "cuarta transformación del sector público". Para hacerlo, Dalmau presentó en octubre un plan de reforma de la administración y nombró a 12 expertos para confeccionarlo, que ya se han puesto en marcha para pilotar la ambiciosa misión de modernizar el sector público.

Simplificar la burocracia es una demanda que subraya la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en su informe porque considera que la administración catalana es "lenta" y "obsoleta", lo que "frena el progreso social". Este documento da pistas al Executiu sobre cuáles son los aspectos que más atención requieren en esta transformación, algunos sobre las cuales el Govern ya está trabajando.

La Síndica denuncia que la administración catalana responde de forma "insuficiente" a las personas en situación de emergencia habitacional -que afecta a las familias más vulnerables-, ya que, aunque los servicios sociales diagnostican bien los casos, no ofrecen alternativas en un "tiempo razonable". El informe señala que la espera para la adjudicación de una vivienda social -el primer paso- es de 16 meses. También considera insuficientes medidas como el tope a los precios de los alquileres y reclama soluciones estructurales: ampliar la vivienda de protección oficial, intervenir en pisos vacíos y llegar a acuerdos con grandes propietarios para destinar sus propiedades al uso social mediante la "cesión".

Para hacer frente a la emergencia habitacional, Illa se comprometió a construir 50.000 pisos públicos en los próximos cinco años y a otorgar 500 millones a la ayuda para pagar el alquiler a familias vulnerables. Este parque público contará con vivienda social, pero esta puede ser en diferentes regímenes: de protección oficial o de alquiler social. Todavía no hay cifras sobre qué peso tendrá cada uno y, aun así, según las cifras que maneja la Síndica, no será suficiente para cubrir toda la demanda: hay 39.942 viviendas sociales y 97.544 inscritos solo en el registro oficial de protección oficial.

El informe también critica la saturación de las listas de espera. Las intervenciones quirúrgicas tardaron un 9% más en 2024 que en 2023, mientras que las pruebas diagnósticas y las consultas externas subieron en un 18%. En el caso de la adjudicación de plazas en las residencias la espera también creció: un 7% en las de gente mayor y un 6,4% en las destinadas a personas dependientes. Pese a que atajar estos tiempos en el ámbito sanitario y residencial es uno de los objetivos que Illa prevé en su plan de Govern, no se ha anunciado ningún plan específico para abordarlo.

En cambio, sí se ha avanzado en el ámbito de los servicios sociales. La conselleria de Drets Socials presentó en diciembre un plan dotado con 2,3 millones de euros que pretende, a través de la agilización de los procesos burocráticos y el contrato de nuevos profesionales, reducir en un año el 30% de la espera para valorar la dependencia, que es la puerta de entrada para poder recibir ayudas sociales.

Si la emergencia habitacional es el principal incendio que Illa trata de apagar desde su llegada a la Generalitat, el segundo es el caos de Rodalies. Así lo reflejan las quejas que han llegado al buzón de la Síndica -han crecido un 148% en los dos meses y medio que llevamos de 2025 respecto a todo 2024-, así como el hecho de que sea el transporte peor valorado por la ciudadanía. El ente fiscalizador reprocha a la administración no dar una "respuesta eficaz" al crónico problema de esta red ferroviaria, que sigue con una cifra de incidencias muy superior a Ferrocarrils o el metro. En este asunto, el Govern tiene las manos atadas, pues la gestión sigue siendo del Estado, pese a que ya se está materializando, poco a poco, el traspaso a la Generalitat, lo que implicará de lleno a la administración catalana como responsable de su buen o mal funcionamiento.

Otra cuestión en la que pone el foco la Síndica es la infrafinanciación crónica del sistema educativo. Aunque el presupuesto ha aumentado un 70% desde 2014, denuncia que la inyección de fondos sigue siendo lineal, sin priorizar a las escuelas de mayor complejidad, lo que impacta directamente en la equidad educativa. La Generalitat tiene la voluntad de cambiar este sistema en favor de lo que propone Giménez-Salinas. Sin embargo, no se ha anunciado oficialmente este cambio de modelo, sino que se incluye en el listado de compromisos del plan de Govern.

La Síndica también alerta sobre los retrasos en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y la falta de acceso a esta ayuda por parte de muchas personas en situación de pobreza severa. Además, denuncia que más de 2.300 beneficiarios recibieron pagos indebidos y luego se les exigió la devolución, generando graves problemas económicos, un asunto que la Conselleria de Drets Socials ya abordó con una amnistía. Para solucionar estas deficiencias, reclama una mejor integración la gestión de la RGC y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Govern, como explicó EL PERIÓDICO, trabaja para que estas ayudas se gestionen a través de un modelo de ventanilla única, que fue uno de los acuerdos que se alcanzaron en las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat.

En materia de medio ambiente, Giménez-Salinas subraya que hay una "falta de planificación". Ejemplo de ello es que, según los datos que maneja, solo el 39% de los municipios catalanes disponen de un plan de emergencia en caso de inundación. El Executiu de Illa, con el episodio de la dana en València como pretexto, se puso manos a la obra para dar una respuesta: en noviembre anunció que todas las poblaciones están obligadas a tener este plan, una exigencia que antes solo existía para los 521 en las que había riesgo de inundación. Los municipios tienen dos años para dar cumplimiento. Paralelamente, el Govern se puso como deberes revisar todas las actividades que se hacen en terrenos inundables y puso la lupa en los cámpings. Esta semana el Consell Executiu ha aprobado un decreto ley que servirá como marco jurídico para analizar si un cámping en zona inundable es viable o no.