Solo un 7% de las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores han acabado en sanción en la última década

Solo el 7% de las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores presentadas entre 2012 y 2024 han terminado en sanción. Según datos de la Agència Catalana de Consum (ACC) analizados por la agencia ACN, ha habido amonestación en 367 de las 5.406 denuncias tramitadas por la ACC y por el departamento de Política Lingüística, unas sesenta de las cuales han terminado en multas por motivos no lingüísticos. El importe medio de la multa es de 2.240 euros, la mayoría por informaciones de carácter fijo e "invitaciones a comprar" de los establecimientos y empresas. En los últimos dos años, las quejas y denuncias por discriminación del catalán se han disparado: 3.000 expedientes entre 2023 y 2024, aproximadamente la mitad de todos los registrados desde el año 2012.

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Los datos, obtenidos a través de una petición de transparencia, registran 341 sanciones –algunas que dan respuesta a más de una denuncia en la misma empresa por los mismos motivos–. Tres de cada diez multas (29,9%) son por no incluir el catalán en la información de carácter fijo, es decir, rótulos del comercio, carteles en los escaparates o en el interior, o la señalización del horario comercial del establecimiento, entre otros. Una cuarta parte (25,5%) es por no utilizar la lengua catalana cuando se invita a comprar, es decir, en cualquier comunicación comercial que indica las características del bien o servicio y su precio. Por ejemplo, las cartas de los restaurantes.

Las vulneraciones de derechos lingüísticos en materia de etiquetado solo han motivado al 3,5% de las sanciones, mientras que el resto están relacionadas con los manuales de instrucciones, la documentación contractual, la atención u otras circunstancias. Alrededor de dos de cada diez denuncias que terminan en multa no lo hacen por la razón original que abrió el caso, sino por temas no lingüísticos.

Sanciones de hasta 10.000 euros

Las sanciones más altas impuestas son de 10.000 euros, cantidad que se ha dado en 12 ocasiones. En su conjunto, constan los importes impuestos en 293 casos, que suman 685.901 euros, unos 2.340 euros por cada procedimiento. En total, se han abierto 396 expedientes sancionadores, la mayoría de los cuales han terminado en multas (341), pero 37 todavía están en tramitación y en 18 casos se ha dictado el sobreseimiento. En cualquier caso, las quejas y denuncias que terminan en posibles procesos sancionadores son una minoría, menos de uno de cada diez casos.

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Las denuncias y quejas por vulneraciones de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el ámbito del comercio se disparan a partir de 2023, con más de 2.000 casos ese año y 1.250 más en 2024. Los expedientes de estos dos años suponen más de la mitad de todos los que se han abierto desde el año 2012. El 2022 fue ya un año álgido, con 666, un volumen que no se veía desde una década atrás, con las 732 denuncias del 2012.