El Supremo pide información sobre las cuentas bancarias de Ábalos y un informe a Hacienda para ahondar en su patrimonio

El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y otros implicados en el caso Koldo, ha requerido información a la entidad financiera en la que el exministro tiene cuentas y a la Agencia Tributaria sobre los movimientos bancarios y productos contratados desde enero de 2014, así como en relación con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), a la que el ahora diputado del grupo mixto atribuye sus dos propiedades en Perú. Se trata de las diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ahondar en el patrimonio de Ábalos y de su hijo Víctor.

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El juez ha adoptado esta decisión tras la recepción del informe de la UCO que encargó el pasado 4 de febrero y que ha tenido que ser corregido este mismo jueves por los agentes que atribuyen a la "extrema semejanza entre el símbolo representativo de los pesos colombianos y el del dólar americano que aparecía en el documento" haber valorado en 2,1 millones de euros una propiedad en Colombia adquirida por el exministro cuando en realidad costó 751. Fuentes próximas al entorno del exministro señalaban a este diario que se adquirió por 8.000 euros y se vendió por unos 16.000 unos 10 años después.

Para el juez resulta más que razonable “proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias que Ábalos resulta o resultó ser titular, así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la Fundación en la que tuvo activa intervención, en el sentido interesado por la fuerza actuante" para "comprobar, primeramente, si se han producido en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan”. También "deberán analizarse las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas" al exministro. 

“No hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias interesadas resultan, a juicio del instructor, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas" con los hechos que se investigan y que, en su opinión, "colmarían las exigencias de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos", afirma la resolución.

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Comprobar comisiones

Como proponía la UCO, los datos se recabarán desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, al considerar preciso el magistrado extender las pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama, y con Koldo García, “en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas" del exministro.

Señala que así se sabrá si tenía una "mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente de Aldama, tal y como este sostiene" en concepto de comisiones. La resolución en este sentido no solo cita lo declarado por el considerado "nexo corruptor de la trama", sino también lo dicho por su socio, al que identica en sus contactos como "hermanito", Luis Alberto Escolano, la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, imputada en el fraude de hidrocarburos y quien dice haber llevado dinero a la sede socialista de Ferraz.

Incluso recuerda que el propio Ábalos "admitió también que, en ciertas oportunidades, quien fuera su asesor, Koldo García, llegaba, incluso y por sorprendente que pueda resultar, a efectuar con su propio patrimonio pagos que correspondían" al exministro, "quien, posteriormente y según este explicó, se los reembolsaba".

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El auto también señala que "conforme resulta de los informes emitidos por la UCO aparecen justificados los encuentros periódicos", de octubre de 2019 hasta agosto de 2021 entre Koldo García y Aldama desde septiembre de 2021 con su hermano Joseba. También considera "justificado en las actuaciones y es un dato de particular significación" que "el 18 de octubre de 2019 Aldama creó una nota en su dispositivo móvil en la que, junto a otros gastos previstos, aparecía consignado: 'Grandu 11.500", en referencia a Koldo".

Cuentas, blanqueo y la fundación

Para acceder a los datos el magistrado se dirige a Caixabank, que es la entidad en la que Ábalos disponía de cuentas como titular o autorizado, para recabar información sobre ellas y los productos bancarios y financieros o cajas de seguridad contratados, así como "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas".

En el caso de cobro de cheques, pide que se informe de la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. Y se informe sobre las transferencias nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros. A la UCO le pide que le informe sobre nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y de ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios.

También se aprueba mandamiento judicial dirigido al órgano oportuno de la Agencia Española de la Administración Tributaria para que aporte el correspondiente informe de suministro a los juzgados de Ábalos y la fundación Fiadelso y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, para lo que, además, solicita al Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana copia de toda la documentación que obre en su poder en relación con la fundación. La UCO señalaba que la actividad de la fundación cesó en 2023 y llamaba la atención sobre lo vinculada que estaba con la familia de Ábalos, con su exesposa y su exsuegro entre los miembros del patronato.