Mazón complace a Vox con recortes en el valenciano, memoria histórica y cooperación

La batalla simbólica entra de lleno en las cuentas de la Generalitat Valenciana. El anteproyecto de presupuestos de Carlos Mazón está cumpliendo varias de las exigencias planteadas por Vox como condición para aprobar los presupuestos. Uno de ellos es el tijeretazo al valenciano. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) recibe un ajuste de un 25% en su presupuestos, que pasa de casi cuatro millones de euros a tres. Aunque sea una partida ínfima en relación al grueso del dinero, es significativa por su peso simbólico. En esta línea, la partida de la Conselleria de Educación para la promoción del valenciano y el multilingüismo también sufre un recorte de 19 millones de euros a 17 millones respecto a los anteriores presupuestos (también de PP y Vox).

Uno de los apartados que estaba cantado que sufriría un severo ajusto es el de memoria democrática, pieza de caza mayor para Vox por la herencia del Botànic y, sobre todo, por la llamada ley de Concordia que desmontaba las políticas de memoria, es uno de los que sufren un cambio sustancial.

Reducción para exhumaciones

Así lo exigía Vox, cuya mano va a ser visible en estos presupuestos. El partido de Santiago Abascal reclama al Consell del PP “suprimir todas las partidas destinadas a Memoria Histórica y mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva ley de Concordia”, señalaba la tabla de exigencias del socio del PP. En concreto, pedía una rebaja de al menos el 40%.

Dicho y hecho. Según se desprende en el nuevo subprograma de Concordia y Fomento del Autogobierno, que ha pasado de Presidencia a la Conselleria de Justicia, las subvenciones para recuperación de restos y reivinidicación de la memoria democrática pasan de 1,78 millones en 2024 a 1,150 millones este próximo año. En concreto, desaparece una ayuda de 200.000 euros a la UV para acciones de investigación e identificación de víctimas. En este sentido, las subvenciones concretas para recuperación e identificación de víctimas retroceden. En el caso de la subvención a Fisabio (el laboratorio de investigación sanitaria y biomédica) pasa de 600.000 a 500.000 euros. También cae 100.000 euros la partida para apertura de fosas y exhumaciones en ayudas a ayuntamientos o asociaciones (de 300.000 a 200.000).

Vestigios del franquismo

Hay otra partida importante que se reduce más de la mitad. La que era una línea para la puesta en valor de lugares de memoria y retirada de vestigios pasa de 490.000 a 200.000 euros. Además, se elimina la referencia a retirada de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. Esta línea solo promoverá acciones “en materia de vestigios y de actuaciones relacionadas con la puesta en valor y protección de los lugares relacionados con las víctimas de la violencia social y política”, lo que abre este programa más allá de la guerra y la dictadura.

Es lo mismo que ocurre también con la antigua línea para asociaciones de promoción y difusión de la memoria y histórica y democrática valenciana. Pasa de 150.000 a 100.000, y el objeto es un genérico “víctimas de la violencia social y política”. En este contexto, las ayudas específicas para víctimas de la guerra quedan reducidas a 600.000 euros.

Señas de identidad

Lo que sí crece bastante son las ayudas a la promoción de las “señas de identidad”. En este sentido, las ayudas de Justicia a las universidades con este fin crecen en 30.000 euros. Para los ayuntamientos, se duplican (de 75 a 150.000). Las organizaciones del perímetro cultural de PP y Vox también resultan agraciadas. El convenio con la Real Academia de Cultura Valenciana pasa de 15.000 a 50.000 euros. Lo Rat Penat también recibe 50.000 euros. 

Cooperación... para la dana

Uno de los grandes ejes que planteaba la propuesta maximalista de Vox a Carlos Mazón era una ruptura explícita con las políticas de inmigración del Gobierno y la Unión Europea. En este contexto, el recorte a las ayudas a las ONG que trabajan con personas migrantes o las subvenciones a la cooperación internacional era una de las exigencias más claras. De momento, todo parece que continuará igual. De hecho, la partida de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible crece en más de 24 millones de euros al pasar de los 73,6 millones destinados en 2024 a los 98,4 que aparecen en 2025. La cuestión es que ese incremento se va a destinar proyectos de ONG para trabajos en las zonas afectadas por la dana: casi 25 millones en dos líneas destinados a actuaciones en servicios sociales o infraestructuras y equipamientos.

La exigencia clara que sí cumple el Consell del PP es la eliminación de la subvención directa de 600.000 euros al Comité Español de la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA), que figuraba hasta el año pasado. La justificación dada este jueves por el Consell a esta retirada es que estas subvenciones se pretenden conceder por la vía de la concurrencia competitiva y no de manera directa. Esa explicación aparentemente solo aplica para la UNRWA, ya que otras entidades sí reciben ayudas directas.

Alivio fiscal a familias y sector primario

En el apartado fiscal, el proyecto de momento incluye tres de las exigencias que planteaba Vox, especialmente centradas en las familias y en el sector primario. Por un lado, habrá deducciones fiscales por hijo (el partido exige prioridad nacional en el acceso de ayudas). Se duplica y hasta triplica la bonificación en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento. Favorecerá a alrededor de 41.900 personas, con un ahorro global de 10 millones, según expuso la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Además, como guiños al sector primario, un universo rural esencial para Vox, “se reduce del 10 % al 4 % el tipo del ITP para impulsar el relevo generacional en la compra de parcelas con vocación agraria”. Y también: “Se suprime el pago de tasas portuarias a los barcos de pesca”.