España mantiene bloqueados activos de una veintena de oligarcas rusos y más de cien testaferros

El pasado viernes, el Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar por otros seis meses, hasta el 15 de septiembre de 2025, las medidas restrictivas y sanciones "contra quienes menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania". Esta decisión permite a los notarios españoles seguir canalizando la información para mantener la congelación de activos -- bienes y cuentas bancarias-- de una veintena de oligarcas, millonarios y altos directivos rusos relacionados con el Kremlin, así como a más de un centenar de sus testaferros.

El responsable de detectar estos activos es el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo del Notariado, creado en 2005 y dependiente del Ministerio de Economía, cuyos técnicos son los responsables de analizar la información contenida en un registro de gran valor informativo como es el Índice Único Informatizado Notarial.

En este archivo se detectan operaciones inmobiliarias, constitución o ventas de empresas, permitiendo su bloqueo mediante avisos a Hacienda y a la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac). Sobre la valoración de todos estos activos, desde la OCP se responde que no se ha realizado por este organismo, ya que en muchas ocasiones se trata de sociedades a las que otorgarle un valor concreto depende de muchos factores.

Tras tres años de guerra, fuentes del OCP señalan que los datos actuales sobre bloqueos de activos son muy similares a los que existían tras el primer aniversario de la invasión rusa. Se detectó la actividad en nuestro país de 22 individuos que podrían calificarse como oligarcas por el alto nivel de poder económico que concentran, así como intentos de mover sus activos por parte de algo más de un centenar de personas (111) de las que una treintena son sus familiares. Una vez sus bienes y cuentas se congelaron, el bloqueo debe mantenerse hasta que la UE tome una decisión al respecto, apuntan a este periódico fuentes de este organismo. Por esta razón, también se mantienen las prevenciones sobre operaciones referidas a unos 40 inmuebles en toda España relacionados con estas personas y sus familias

El grueso de la actividad realizada por el Órgano de Prevención, no obstante, tuvo lugar en los primeros meses de imposición de las sanciones europeas, aunque la vigilancia se mantiene. Fuera de radar quedaron personajes como Mikhail Fridman, exdueño de los supermercados Dia, o el banquero y exministro ruso Petr Aven, después de que en abril del pasado año el Tribunal General de la Unión Europea dictaminase que debían ser borrados de la lista de sanciones por no existir prueba que demostraran un apoyo material a la invasión de Ucrania.

2.400 en las listas

La semana pasada esta labor de los notarios españoles se vio respaldada por el Consejo de la Unión, que el viernes pasado acordó prorrogar por seis meses las medidas restrictivas que se mantienen vigentes para casi 2.400 personas y entidades a las que se aplica, además de inmovilización de activos, restricciones para viajar y prohibición de que se puedan poner recursos económicos a su servicio.

El Índice Único Informatizado Notarial que se utiliza para realizar los bloqueos es una base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. En esta base estaban identificados de manera acreditada, según los últimos balances realizados, titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos, según datos de abril de 2021.

A ello se une la Base de Datos de Titular Real, que funciona desde 2012, y que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. Al confrontar la información con ambos sistemas, los notarios pueden llegar a unas conclusiones de las que dan cuenta al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Es este órgano, en último término, el que analiza estas referencias y reporta a las autoridades económicas, que son las que en último término ejecutan los bloqueos.

La labor en la detección de movimientos de oligarcas rusos vinculados al Kremlin no es nueva, en todo caso, ya que la OCP trabaja en este ámbito desde 2014, cuando se aprobaron unas listas coincidiendo con la adhesión de Crimea a la Federación Rusa.