Último informe
La Síndica de Greuges alerta de que "la ineficacia de la administración frena el progreso social de Catalunya"
El Govern ya ha dado respuesta a muchas de las problemáticas que señala el documento, como la necesidad de revisión del sistema de financiación del modelo educativo o la petición de una ventanilla única para gestionar las prestaciones sociales en Catalunya
La Síndica de Catalunya insiste en "garantizar la transparencia" de la tasa de residuos del Vallès en su informe anual
La Generalitat simplificará los trámites online para pedir las ayudas a la dependencia o el reconocimiento de una discapacidad
Más de 200 entidades exigen reformar la administración pública

Presentación del informe anual del 2024 de la Síndica de Greuges. / ACN


Gisela Boada
Gisela BoadaRedactora
Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra. Escribe en la sección de política y sigue la actualidad informativa del Parlament y del Partido Popular (PP) en Catalunya.
Durante el 2024 aumentaron un 9% los pacientes en listas de espera para intervenciones quirúrgicas y un 18% aquellos pendientes de pruebas diagnósticas o consultas externas. Además, las listas para acceder a residencias de gente mayor se incrementaron un 7%, y las destinadas a solicitar servicios residenciales para personas con discapacidad un 6,4%, lo que implica un plazo medio de espera de seis años. Para poder acceder a la adjudicación de una vivienda pública -el primer paso-, el tiempo mínimo de demora es de un año y medio.
Estos son algunos de los datos que se presentan en el último informe de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, que pone el foco en cómo la "ineficacia" de la Administración incide negativamente en los ciudadanos y en el Estado del Bienestar. No se trata solo de que el sistema sea "lento", "complicado" y "excesivamente burocrático", sino que también, según apunta en el documento, está "ausente" en algunos aspectos. Ejemplo de ello es la falta de vivienda social frente a la demanda actual -hay 39.942 viviendas sociales y 97.544 inscritos en el registro oficial-, o que más de la mitad de la población en situación de pobreza material severa no recibe ni la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tal y como apunta la Síndica.
Entre las problemáticas concretas que detecta este organismo está el "lenguaje poco claro" que emplea la Administración y la "falta de información" hacia los ciudadanos que "dificulta" la compresión de los trámites que deben gestionar. Señalan como caso paradigmático la falta de transparencia de los municipios catalanes a la hora de informar del despliegue de una nueva tasa de residuos y su funcionamiento, algo que ya fue denunciado por diferentes síndicos en su momento.
Además, la Síndica subraya que la Administración se ha quedado obsoleta en la gestión de servicios clave. En el ámbito de la protección de la infancia, señala, se sigue apostando por la "institucionalización de menores", a pesar de que la tendencia europea apunta a modelos de acogida más personalizados. Solo en septiembre de 2024, el número de niños menores de tres años en residencias ascendía a 136, y el de menores de seis, a 293.
Falta de información en Rodalies
El transporte público también continúa siendo una asignatura pendiente, especialmente el servicio de Rodalies, que ha cobrado protagonismo estos últimos días después de que los sindicatos de Adif y Renfe desconvocaran las jornadas de huelga que habían programado en los próximos días con un acuerdo 'in extremis' con el Gobierno. Rodalies, cuyo traspaso a la Generalitat se está llevando a cabo y fue el motivo de la convocatoria de la huelga, ha mantenido una cifra similar de pasajeros respecto a 2023 (127,4 millones), pero su nivel de incidencias sigue muy por encima de otros sistemas ferroviarios, como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o el metro, que creció en más de un 5% en usuarios.

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, presenta el informe anual de la Síndica de Greuges al presdient del Parlament, Josep Rull. / EUROPA PRESS
De hecho, la Giménez-Salinas ha explicado durante la presentación oficial del informe que las quejas por el servicio de Rodalies se han disparado a máximos este año. A modo de ejemplo, ha relatado, en 2024 se recibieron 160 quejas (un 3% más que el año anterior) y en lo que llevamos 2025 -dos meses y medio- la cifra de quejas ya asciende a 397. Es decir, ya ha habido un incremento del 140% respecto al ejercicio anterior, unos datos que, previsiblemente, seguirán creciendo a lo largo del año.
"Es un problema que no es nuevo", ha reconocido la Síndica, que ha achacado esta situación a la falta de "infraestructuras" y, en especial, a "la falta de información", según se recoge en el historial de quejas. "A veces la gente lo que quiere es saber qué está pasando, que se les informe en los paneles informativos y se les brinde ayuda. La transformación [de Rodalies] será lenta, pero, como mínimo, [la gestión] podría ser humana y empática", ha añadido.
Otra cuestión en la que pone el foco el documento fiscalizador es la infrafinanciación crónica del sistema educativo. Aunque el presupuesto ha aumentado un 70% desde 2014, la inyección de fondos sigue siendo lineal, sin priorizar a las escuelas con mayor complejidad, lo que impacta directamente en la equidad educativa. Este paradigma cambiará a partir de ahora, ya que la Generalitat se ha comprometido a presentar un modelo de financiación "equitativo" que tenga en cuenta la complejidad de los centros educativos y no su tamaño.
El modelo de ayudas sociales
El informe de la Síndica también aporta algunas soluciones para mejorar el funcionamiento de la administración como, por ejemplo, que se unifiquen las solicitudes de las prestaciones sociales -Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital-, una propuesta que ya se está tramitando en el Parlament a petición del PSC. Paralelamente, el Govern, como explicó EL PERIÓDICO, trabaja para que estas ayudas se gestionen a través de un modelo de ventanilla única, que fue uno de los acuerdos que se alcanzaron en las comisiones bilaterales entre Generalitat y Gobierno.
No es el único reto que tiene delante la administración en cuanto a las prestaciones sociales, que es el servicio que ha generado más quejas entre los ciudadanos (un 43% del total): el informe también señala una mala gestión de los recursos públicos como se vio con las más de 2.300 personas que recibieron erróneamente los ingresos de la RGC -según la Síndica-, cuyos importes luego fueron reclamados y posteriormente amnistiados en algunos casos. La Conselleria llegó a cifrar los pagos indebidos en 71 millones de euros a 9.500 familias vulnerables.
En términos de políticas de inclusión, el informe denuncia que no existe un modelo claro para la integración de la población migrante, lo que refuerza desigualdades de acceso a oportunidades y bienestar social. A esto se suma la falta de planificación frente al cambio climático: solo el 39% de los municipios que deberían contar con planes de emergencia ante inundaciones los han desarrollado.
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