Gobierno y Junts pactan limitar el número de menores migrantes destinados a Catalunya

Junts ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta, dos semanas después de firmar el pacto para la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. Un acuerdo, anunciado por los posconvergentes y ya ratificado en el Consejo de Ministros, por el que se modifica la ley de extranjería y a través del cual las autonomías se verán obligadas a acoger a menores migrantes para aliviar situaciones "extraordinarias", como las que actualmente atraviesan estos dos territorios. Esto irá acompañado de 100 millones de euros para financiar este año la atención de los 4.400 menores extranjeros.

Los criterios del reparto, según ha explicado posteriormente el Gobierno, se establecerán en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

El decreto, además, habilita a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de situación de emergencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios de aplicación del plan. Si no hay acuerdo unánime de las autonomías para establecer un nuevo criterio, se declarará situación de emergencia en una comunidad cuando exceda tres veces su ocupación ordinaria, como en estos momentos sucede en Canarias y en Ceuta.

El Govern pide no "deshumanizar" a los menores migrantes reduciéndolos a "cuotas"

Catalunya es, por detrás de Canarias, la comunidad que más menores extranjeros acoge, unos 2.200. Con este nuevo reparto, que ya contempla las cifras actuales, le tocarían entre 20 y 30 mientras que a la Comunidad de Madrid, unos 700, según los cálculos proporcionados por la formación de Carles Puigdemont. Para determinar la capacidad ordinaria de los servicios de acogida de cada comunidad, se dividirá la población total de España a 31 de diciembre del año anterior por el número máximo de menores acogidos; y después se dividirá la población total de cada comunidad por el coeficiente que haya resultado de la división anterior. Por ello, cada autonomía debe enviar antes del 31 de marzo de este mismo año un informe con los que atiende cada una.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para tumbar este decreto que considera "lamentable" y que fomenta "la inmigración irregular masiva".

Ayuso llevará a los tribunales el acuerdo del Gobierno con Junts sobre el reparto de menores migrantes

La reacción de Junts

Para Junts, en cambio, la nueva fórmula establece "criterios justos y equitativos" y cree que servirá tanto para "resolver la situación humanitaria" como "para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores". Además, el partido asegura que el pacto tiene en cuenta "el esfuerzo realizado por Catalunya a lo largo de los últimos años" -este era uno de los requisitos que Junts había puesto encima de la mesa para que hubiera entendimiento-, y celebran que se establezca una "compensación económica". "Solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible", han señalado en un comunicado a primera hora de la mañana.

Posteriormente, en los pasillos del Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha defendido que Catalunya siempre "ha hecho un esfuerzo gigante" en la acogida de menores, frente a otras autonomías que "han mirado hacia otro lado", informa Miguel Ángel Rodríguez. En este sentido, ha señalado que el pacto corrige esa "desigualdad histórica", aunque ha matizado que las cifras ofrecidas son fruto de hacer el cálculo con los nuevos criterios y no unos números pactados.

En los últimos meses, el partido ya había avisado de que solo respaldaría un nuevo reparto de menores migrantes si se tenía en cuenta que Catalunya había "liderado" la acogida durante los últimos años, con el argumento de que si no era así podía haber un "colapso" de servicios públicos. También habían asegurado en más de una ocasión que no apoyaría un nuevo reparto de migrantes hasta que no se alcanzara este acuerdo para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, que finalmente vio la luz hace dos semanas. A la espera del visto bueno del Congreso, el pacto faculta al Govern para efectuar devoluciones de migrantes, que no expulsiones que necesiten un expediente, y también le da la capacidad de gestionar los CIE y de emitir permisos de residencia. Además, amplía la plantilla de los Mossos d'Esquadra en 1.800 nuevos agentes para actuar en las fronteras.

Catalunya emitirá permisos de residencia y podrá efectuar devoluciones de inmigrantes

El Govern promete "lealtad"

Tras el anuncio de acuerdo, el Govern de Salvador Illa ha prometido "lealtad" a la hora de aplicarlo, pero ha reclamado también "no deshumanizar" ni reducir a "cuotas" estos jóvenes que llegan huyendo de situaciones vitales muy complejas. En este sentido, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Executiu trabajará desde una "visión humanista, de solidaridad, y en ningún caso mercantilista" y ha reivindicado Catalunya como "tierra de acogida".

El Govern pide no "deshumanizar" a los menores migrantes reduciéndolos a "cuotas"

Desde el Parlament, los partidos catalanes han reaccionado de formas dispares. ERC, Comuns y CUP se han mostrado satisfechos con el acuerdo en líneas generales -aunque con matices-, mientras que PP y Vox lo han criticado duramente. Los republicanos se han mostrado satisfechos, ya que consideran que el acuerdo supone "avanzar en autogobierno"; una posición similar a la de los cupaires, aunque no han desaprovechado la ocasión para acusar a Junts de comprar "el marco de la extrema derecha". Los Comuns, por su parte, han acusado directamente a los posconvergentes de "gesticulación racista".

La derecha y la extrema derecha -PP y Vox-, en cambio, han rechazado por completo el acuerdo. El PP lo ha calificado de "injusto e injustificable", mientras que Vox ha reclamado la devolución inmediata de todos los menores a sus países de origen.