El Gobierno encarga la redacción de una estrategia nacional contra las campañas de desinformación

El Gobierno aprecia la existencia de un peligro en "la creciente complejidad geopolítica actual, el incremento en el uso de estrategias híbridas por parte de actores hostiles, estatales y no estatales", y aprecia "riesgos sistémicos" para España en los usos perversos de "las últimas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial generativa". Así lo considera en la exposición de motivos de su última orden ministerial de lucha contra los bombardeos organizados de bulos, falsificaciones y propaganda política maliciosa.

Ya ha quedado oficializado en el BOE, mediante la orden 248/2025 de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Se publicó el pasado sábado, en fecha poco apta para un gran debate público, dando salida a un acuerdo tomado en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del pasado 28 de enero. España arranca así formalmente el proceso para contar con una Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.

El objetivo es abordar, "desde una perspectiva transversal" la búsqueda de intereses españoles que pueden verse afectados por ese tipo campañas. Pero la orden también comprende alinearse con la UE, y concretamente el Plan de Acción para la Democracia Europea, que es como se llama en Bruselas a la estrategia de la Unión para "proteger a las democracias europeas de las amenazas y los efectos nocivos de la desinformación y de la manipulación e injerencia en el espacio informativo llevada a cabo, en particular, por agentes extranjeros".

El plan alude al Kremlin sin nombrarlo, pero no solo. En España, la Seguridad del Estado ha tenido ya experiencia sobre este tipo de campañas con posibles orígenes en China y Marruecos, y sus expertos no descartan en un futuro la acción de agentes con base en Estados Unidos o en países europeos o asiáticos.

Comisión permanente

El desafío es que la Libertad de Expresión no sufra una merma sin que por su protección sufra la seguridad y solidez de la democracia. La ONU y la OCDE, que se citan en la exposición de motivos de la orden ministerial, basan sus recomendaciones en la alfabetización mediática del público como eje de resiliencia social.

Pero hay además consejos fruto de consenso internacional que aparecerán en esta estrategia nacional. Entre ellos, medidas sobre "la transparencia del ecosistema tecnológico e informativo", en las que podrían incardinarse obligaciones de informar sobre quién financia qué digitales y cabeceras.

La orden ministerial encarga la elaboración de esta estrategia nacional a la Comisión Permanente contra la Desinformación, un organismo pluriministerial -Interior, Exteriores, Economía, Defensa a través del CNI...-, que actuará bajo coordinación de la Secretaría de Estado de Comunicación y la dirección de Departamento de Seguridad Nacional.

La estrategia que ha de elaborarse se incardinará en el Sistema de Seguridad Nacional. La Comisión Permanente tiene ya el encargo legal de recabar de los gobiernos autonómicos sus opiniones, a través de contactos en la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, y también de expertos del sector privado de la seguridad e inteligencia.

Antes se conformará un grupo de trabajo con técnicos de diversos ministerios y organismos. Su trabajo para elaborar un borrador que examine la Comisión Permanente no tiene fecha de finalización que se le fije en la orden ministerial.

El Sistema de Seguridad Nacional de España alberga ocho estrategias del Estado: la propia ESN (de Seguridad Nacional), la Estrategia contra el Terrorismo, la elaborada contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, la Estrategia de Seguridad Aeroespacial y la Estrategia de Seguridad Energética, además de la Directiva de Defensa Nacional.