El Govern negocia ya con ERC y Comuns para aprobar el suplemento de crédito de 4.000 millones este mes

Si alguien más allá de ERC esperaba como agua de mayo que se finiquitara el congreso de los republicanos ese es el Govern de Salvador Illa. Desde la investidura y debido a su minoría, el PSC ha acompasado sus primeros seis meses de mandato al calendario impuesto por el proceso interno en el partido de Oriol Junqueras, un trayecto convulso que se ha alargado durante nueve meses y que, a ojos del Executiu, explica por qué no ha sido posible aprobar nuevos presupuestos este 2025. Pero el president de la Generalitat, lejos de mostrar desasosiego, tiene todavía un as bajo la manga para dar gas a la legislatura: el suplemento de crédito de 4.000 millones de euros fruto de los ingresos de más que han recaudado las arcas catalanas.

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El Govern está ya manos a la obra para negociar el apoyo de ERC y de los Comuns a un decreto que quiere aprobar antes de que acabe marzo para ser validado por mayoría en el Parlament en el plazo de un mes, es decir, antes de mayo. De este montante depende que Illa tenga más o menos margen de maniobra en un contexto de cuentas prorrogadas, así que los socialistas pondrán a partir de ahora toda la carne en el asador para atar de nuevo la mayoría de la investidura, una operación que lidera la consellera de Economia, Alícia Romero.

El balance de las bilaterales

Fuentes gubernamentales aseguran ser "optimistas" por las conversaciones preliminares que han mantenido hasta ahora, pero también por el "vínculo de confianzas" que creen haber construido en el último mes tanto con la nueva dirección de los republicanos como con los Comuns, especialmente tras el balance de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat. La quita de la deuda del FLA y el acuerdo sobre Rodalies entienden que abrió la veda para negociar ahora el suplemento de crédito. Además, el Govern ha ido con pies de plomo para no incomodar a ERC y ha esperado hasta el cierre de su congreso para abordar la carpeta de los 4.000 millones, cantidad que defienden que no se puede "echar a perder".

Habiendo cerrado ya el congreso, entienden que Junqueras tendrá también las manos más libres para poder afianzar la estrategia del partido después de haber revalidado la presidencia en diciembre por una mayoría estrecha de apoyo. Si bien es cierto que los republicanos aseguraron hace semanas que no aprobarían "unos presupuestos por la puerta de atrás", los socialistas entienden que les interesa mantener el protagonismo negociador en Catalunya al tiempo que se reconstruyen, mientras es Junts quien se lleva la mayor parte del foco en Madrid. Lo contrario, desentenderse del gobierno de Illa e incluso forzar elecciones, consideran que no es una opción para ERC en estos momentos, ni por expectativas electorales ni porque Junqueras puede ser candidato hasta que no se le aplique la amnistía totalmente.

Una aprobación a medida

Así que, con este escenario que cree que le juega a favor, el Govern está dispuesto a amoldarse y a atender las reclamaciones que hagan los socios de la investidura para aprobar el suplemento de crédito. Su preferencia es incorporar esos recursos de una tacada, pero no se cierra a fragmentarlos si eso facilita el acuerdo. También dan por hecho que tanto los republicanos como los Comuns buscarán marcar la pauta de a qué se destina parte de ese montante, que para Illa es clave para ir más allá de lo pactado en la investidura y poder impulsar promesas con sello propio, como la ley de barrios.

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El del suplemento de crédito no es el único decreto que tiene entre manos el Govern con los socios de investidura. También está tratando de cerrar el que tiene que recoger las medidas que inicialmente se preveía incluir en la ley de acompañamiento de los presupuestos y que incluirá el incremento de la tasa turística y el impuesto de transmisiones patrimoniales pactados con los Comuns. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que están ultimando con ERC el contenido de este decreto mientras tratan de avanzar en otros dos pactos más: la regulación de los alquileres de temporada y el mecanismo para impedir que 36.000 pisos de protección oficial pierdan esa condición en los próximos cinco años, dos cuestiones ante las que el Govern alega, por ahora, que hay elementos de "inseguridad jurídica" por superar.