Solo el 5,3% de las sentencias judiciales en Catalunya son en catalán

El uso del catalán en la administración de justicia de Catalunya sigue en caída libre. Según los últimos datos presentados por la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, solo el 5,3% de las sentencias se redactaron en catalán en 2024. Este dato confirma la tendencia a la baja registrada en los últimos años y agrava la situación respecto a 2022, cuando el porcentaje ya era preocupante: un 6,9%. Lejos queda el 20% alcanzado a principios de los años 2000, cuando aún existían incentivos económicos para fomentar el uso de la lengua en los tribunales, algo que el actual Exectiu plantea recuperar.

El desplome del catalán en la justicia no se limita a las sentencias. Y es que solo el 5,6% de los documentos de inicio de procedimientos judiciales se redactaron en esta lengua el año pasado. Además, según el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en el 80% de los casos en los que un ciudadano solicita expresamente la tramitación en catalán, su petición no es atendida. "Es urgente que el sistema judicial asuma la realidad de la sociedad a la que sirve y garantice los derechos lingüísticos de la población. Eso quiere decir que el catalán tiene que pasar de ser [la lengua] oficial 'de iure' a serlo plenamente 'de facto' en la administración de la justicia", ha reclamado Vila tras la reunión de la Taula pel Pacte Nacional de la Justícia, donde se han presentado estas cifras.

Medidas para revertir la situación

Ante este escenario, la secretaria general del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maite Casado, ha anunciado este lunes un paquete de medidas para fomentar el uso del catalán en la justicia, como adelantó EL PERIÓDICO. Entre ellas, se contempla la introducción de incentivos económicos para jueces, fiscales y funcionarios que redacten resoluciones en catalán, siguiendo el modelo que ya se aplicó en el pasado con éxito bajo el Govern de CiU -se trataba de una prueba piloto temporal-, que fue suprimido con la llegada del tripartito a finales de 2004. A partir de ese año, el uso del catalán empieza a caer sin freno.

El Govern presentará el lunes un paquete de medidas para fomentar el catalán en el ámbito judicial

Un declive sostenido en el tiempo

Así pues, el descenso del uso del catalán en la justicia en Catalunya no es nuevo, aunque los datos han pasado desapercibidos durante muchos años. En 2022, la entonces consellera Lourdes Ciuró, alertó de la caída en picado del número de sentencias en catalán, que en 2021 representaban solo el 6,9%. En ese momento, el Departament planteó medidas similares a las anunciadas ahora, como la negociación con la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir un nivel C1 de catalán en lugar del B2 que se exige ahora.

El catalán tiene que pasar de ser [la lengua] oficial 'de iure' a serlo plenamente 'de facto' en la administración de la justicia.

Francesc Xavier Vila

— Conseller de Política Lingüística

También puso sobre la mesa la implementación de un buzón de quejas para canalizar posibles vulneraciones de derechos lingüísticos, una herramienta que la actual Conselleria, en una respuesta parlamentaria, aseguró que ya se utiliza. "Cuando llegan estas quejas, el Departament de Justícia lleva a cabo las actuaciones que considera convenientes para comprobar los hechos y responde al ciudadano con información que cree que pueda ayudarle", escribieron en el Butlletí Oficial del Parlament.

Un derecho lingüístico vulnerado

A pesar de las iniciativas propuestas en los últimos años, los datos demuestran que el retroceso no se ha detenido desde que en 2005 se eliminaron los incentivos económicos. El informe de 2022 ya denunciaba que en el 81,2% de los casos, los órganos judiciales no respetaban el derecho lingüístico de los ciudadanos que pedían recibir sus resoluciones en catalán. Dos años después, el problema sigue sin resolverse, una situación que la conselleria liderada por Ramón Espadaler pretende revertir.