La justicia contra los asesores en Moncloa: imputa a colaboradores de la mujer y el hermano de Sánchez y cerca a la mano derecha de Óscar López

Cristina Álvarez, Luis Carrero, Pilar Sánchez Acera. Se trata de personas que no ocupan ningún cargo público relevante, pero que hoy centran el interés de la justicia en las causas abiertas contra el Gobierno de Pedro Sánchez además de tener otro rasgo en común: ocupan o han ocupado un cargo de confianza en Presidencia del Gobierno. Los dos primeros han sido recientemente imputados por los jueces que investigan al entorno más cercano al presidente del Gobierno, mientras que la tercera se mantiene en el foco del Tribunal Supremo por el caso de la revelación de secretos que el fiscal general del Estado pudo cometer contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La asistente de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, acudió el pasado mes de diciembre en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción. En dicha comparecencia, con obligación de decir verdad, reconoció la autoría de determinados correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

Apenas dos meses más tarde, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 cambió su situación procesal a la de investigada y la volvió a citar como posible responsable de los delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. En su segundo interrogatorio, el pasado 26 de febrero, Álvarez negó haber solicitado nunca nada para ella o para terceros prevaliéndose de su cargo en Moncloa o haber influido sobre ningún funcionario con tal fin.

Otro exasesor en Moncloa ante la justicia: la investigación al hermano de Sánchez apunta a un fichaje por "preferencia personal"

Al juez Peinado no le debieron convencer sus palabras, porque tras escuchar al responsable de firmar su contratación, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno Alfredo González Gómez, ha abierto una causa separada por delitos de malversación de caudales públicos --una conducta de la que no se señala por el momento a ningún autor-- que obligará a responder ante él al propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,en calidad de testigo. De las decisiones que después adopte el juez al respecto dependerá que esta parte de la causa pueda salpicar directamente al Gobierno.

Las contrataciones en Badajoz

Igualmente, tirando del hilo, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma ha acabado imputando a otro asesor en Moncloa, Luis Carrero, actualmente coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la diputación provincial. Esta misma semana la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense ha dictado un auto en el que argumenta que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, al tener sospechas de que su contratación en diciembre de 2023 pudo servir para dar "satisfacción" a las "preferencias personales" de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, una vez éste obtuvo el puesto que habría sido creado expresamente para él en el órgano provincial.

Carrero prestó servicio en Moncloa entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, cuando accedió a su nuevo cargo en la Diputación de Badajoz. El análisis de las comunicaciones durante dicho periodo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Carrero habría venido ejerciendo de colaborador de David Sánchez mientras éste era pagado por Presidencia del Gobierno, una etapa en la que se dirigía en sus correos al músico como "querido hermanito".

En el exhaustivo informe encargado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a la Guardia Civil, que analiza cientos de correos electrónicos entre ambos, destaca uno fechado el 30 de octubre de 2023 en el que puede entenderse que Sánchez y Carrero ambos daban por sentada la incorporación éste último a su puesto en la Diputación 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura de la plaza. Se trata de una jefatura a la que únicamente él concurrió y fue nombrado en comisión de servicios.

Petición de la pareja de Ayuso

Por lo que respecta a Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización del PSOE madrileño, se ha visto implicada en la investigación que el Tribunal Supremo realiza contra el fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos que afecta a la presunción de inocencia del empresario novio de Díaz Ayuso, inmerso en una causa por fraude a Hacienda.

La exasesora del ministro López niega órdenes de Moncloa para enviar el mail de la pareja de Ayuso y reconoce que ha cambiado de móvil

Los hechos se remontan a marzo del pasado año, cuando la actual cargo socialista era jefa de gabinete de quien a su vez era jefe de gabinete del presidente del Gobierno, el actual ministro Óscar López. En la mañana del 14 de marzo de 2024, la asesora en Moncloa remitió por WhatsApp al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, un 'pantallazo' con el contenido del 'mail' con el que la defensa del empresario Alberto González Amador trataba de alcanzar un pacto con la Fiscalía, y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales. La finalidad era que la información fuera utilizada contra Ayuso en la Asamblea de Madrid y así lo hizo Lobato quien, sin embargo, seguidamente acudió a un notario para dejar constancia de los mensajes. Como el asunto llegó a la prensa, fue citado en el Supremo.

El pasado miércoles, la exasesora del Gobierno acudió como testigo al Supremo y allí desvinculó al Gobierno y al fiscal general del origen del documento que remitió a Lobato, señalando a los periodistas que informan sobre la Comunidad de Madrid con los que suele relacionarse, pero sin decir quién le remitió la información. Tras su declaración, la acusación particular que ejercen los abogados de González Amador han pedido al juez que le reclame el dispositivo móvil desde el que se realizó el envío --aseguró haberlo cambiado al abandonar su puesto en Moncloa-- y ordene conservar sus datos. Desde las partes personadas se señala que no se descarta que Sánchez Acera pueda terminar imputada en la causa, aunque dicha decisión está en manos del magistrado Leopoldo Puente.