Societat Civil Catalana espera que la justicia europea resuelva a finales de 2025 sobre la legalidad de la amnistía

Societat Civil Catalana sigue su batalla judicial en Europa para tratar de evitar que la ley de amnistía se pueda aplicar a los líderes del 'procés'. Su contienda se centra ahora en la resolución que debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con relación a la consulta sobre la legalidad de la ley de olvido penal que presentó el Tribunal de Cuentas (TCu), donde la entidad actúa como personada en la causa.

Este órgano judicial fiscalizador tiene abierto un procedimiento contable contra algunos miembros de los gobiernos independentistas, a quienes se les atribuye un gasto irregular de unos tres millones de euros destinado tanto a la organización del referéndum del 1-O, como a la acción exterior del Govern. Sin embargo, antes de dictar sentencia, el TCu presentó al TJUE cuestiones prejudiciales en relación con la norma por la posibilidad de que ésta atentara contra los intereses financieros de la UE. Hasta que se resuelva la cuestión en Europa, la consejera del tribunal español, Elena Hernáez, decidió dejar en suspenso la redacción del dictamen.

Ahora, Societat Civil Catalana ha explicado en una rueda de prensa que el procedimiento en el TJUE se va a dilatar más de lo esperado porque, según argumentan, las defensas de los acusados han presentado las alegaciones al tribunal europeo con "errores de forma", que si bien no son suficientes para declarar su anulabilidad, sí obligan a ampliar el plazo para su presentación para que se subsanen. "Esto nos da la seguridad de que Europa quiere mandar un mensaje claro sobre esta cuestión. Va a haber una resolución y no va a tardar mucho, igual ocho meses o un año", ha comentado el abogado Juan Chapapría, encargado de gestionar la causa por parte de la entidad constitucionalista.

El letrado ha asegurado que recibió una llamada de la secretaría del TJUE en la que se le informaba que los plazos para emitir una sentencia iban a prolongarse "unos dos meses más" por los errores en los documentos presentados por lo codemandados. Entre los defectos de forma que ha esgrimido está el hecho de que los abogados de los líderes independentistas no presentaron una copia en inglés como dicta el procedimiento o que no se respetó la protección de datos personales en los escritos. "La causa continuará en el tribunal, que entrará en el fondo de la cuestión y deliberará si la ley de amnistía es aplicable o no a los delitos contables", ha defendido. Para Societat Civil Catalana se trata de una noticia positiva, pues, a su juicio, esto "corrobora" que el tribunal europeo es "garantista" y que, por lo tanto, su dictamen también lo debe ser. La sentencia creen que puede llegar antes de terminar el 2025 o, a muy tardar, a inicios del año que viene.

En la atención a los medios también ha participado Elda Mata, la presidenta de Societat Civil Catalana, quien ha puesto en valor que su asociación siga en pie con la batalla judicial en Europa para evitar que la ley de amnistía se convierta en una "cesión más" a los independentistas. En palabras de Mata, la norma se redactó específicamente para "prófugos de la justicia" y su aplicación supondría un "atentado contra el derecho europeo, la seguridad jurídica, la lucha contra el fraude, el principio de igualdad y los intereses financieros de la UE". Mata también ha insinuado que detrás de los errores de forma presentados por los abogados de los acusados puede haber una intención de dilatar el procedimiento lo máximo posible con vistas a que la resolución dé la razón a Societat Civil Catalana.