Laura Borràs pide a la justicia que ejecute el indulto y suspenda su ingreso en prisión

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que suspenda su condena de cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aunque su abogado Gonzalo Boye no cita expresamente la palabra indulto, sí lo hace de forma velada. En el breve texto enviado al tribunal, el letrado reclama que se deje sin efecto la ejecución de la pena privativa de libertad y que se "proceda a ejecutar" lo previsto en el artículo 5.3 de la sentencia dictada por el alto tribunal catalán en marzo de 2023. Justamente, este precepto proponía al Gobierno que se aplicara esta medida de gracia de forma parcial (rebajar la pena a dos años) para que la dirigente de Junts no ingresara en un centro penitenciario. El escrito fue presentado por el letrado de Borràs el pasado 26 de febrero y ahora deberá ser la fiscalía catalana quien se pronuncie al respecto.

El Tribunal Supremo confirmó el mes pasado la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a Borràs de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, además de una multa de 36.000 euros, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la ILC entre 2013 y 2018. El alto tribunal también rechazó su petición de que se le aplicara la amnistía.

El Supremo confirma la condena de Laura Borràs por prevaricación y rechaza que se le aplique la amnistía

Tras la confirmación por parte del Supremo de la sentencia, el TSJC declaró firme la condena de Borràs e inició los trámites para ejecutar la sentencia. El alto tribunal catalán también hizo lo mismo respecto a la sentencia dictada contra los otros dos imputados: el informático Isaías Herrero Florensa y al empresario Andreu Pujol Martín. Estas dos personas llegaron a un acuerdo antes del juicio con la fiscalía y sus abogados defensores. Siguiendo esta línea, el tribunal condenó a Herrero a dos años de prisión, a una inhabilitación durante un año y 10 meses para contratar con la administración pública y a una multa de 2.100 euros; mientras que a Martín le condenó a un año y dos meses de prisión, a una inhabilitación por un año y un día para contratar con la administración pública y a una multa de 2.250 euros. Los magistrados deberán también decidir sobre la ejecución de la condena de estos dos imputados.

Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por amañar contratos

Pena excesiva

Los magistrados que juzgaron a Borràs solicitaron al Gobierno que se le otorgara esa medida de gracia al considerar "excesiva la duración de la pena privativa de libertad", cuatro años y medio, en la medida que no podía acogerse a "las fórmulas sustitutivas de cumplimiento". En este sentido, el tribunal justificó que "en ningún caso" el delito de falsedad puede castigarse con menos de cuatro años porque así lo recoge el Código Penal.

El fallo judicial precisaba que, a pesar de la "métrica penal vigente", las "concretas actividades falsarias" desplegadas por los acusados no estaban orientadas a obtener un "lucro personal", sino que tenía como "único sentido o razón de ser" el "enmascaramiento" ante los órganos de control. Además, exponía que no era "necesario" ejecutar la pena de prisión impuesta a la presidenta de Junts para "evitar la comisión de nuevos delitos", teniendo en cuenta la "efectividad" de la condena de inhabilitación.