El juicio del fiscal general del Estado se perfila para julio con un tribunal presidido por el juez Martínez Arrieta

El juicio del fiscal general del Estado al que se encamina el juez instructor Ángel Hurtado -después de su procesamiento y apertura de juicio oral- se celebrará con toda seguridad en el mes de julio. Fuentes judiciales consultadas señalan que existe el deseo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por “apartar el cáliz” de la causa del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido a dicho tribunal en una especie -dijeron las fuentes- de “una Audiencia Nacional bis” durante los últimos seis meses.

Esas fuentes señalan a EL PERIÓDICO que el tribunal que enjuiciará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secreto, estará formado por los cinco magistrados que resolvieron abrir las diligencias contra el fiscal general del Estado el 16 de octubre de 2024.

Dicha sala estaba compuesta así: Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Desde entonces, el segundo mandato de cinco años de la presidencia del magistrado Marchena venció a primeros de diciembre, pasando a ser uno de los quince magistrados de la Sala Segunda.

A los cinco se unirán, dada la importancia del caso – se enjuiciará al fiscal general del Estado-, otros dos magistrados que no han participado ni en la Sala de Admisión ni en la Sala de Apelaciones. Y el criterio es el de ser el más antiguo y el más moderno, es decir, el de mayor antigüedad y la última incorporación a la Sala Segunda, respectivamente.

Por tanto, el magistrado que es actualmente presidente en funciones, Martínez Arrieta, integrará el tribunal, y será, por su condición de presidente en funciones, el presidente del tribunal, habida cuenta de que, según las normas vigentes el presidente de la Sala Segunda preside todas las salas en las que participa.

En cuanto al magistrado que se ha incorporado más recientemente es Javier Hernández García, que fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 30 de septiembre de 2020, en el mismo pleno que nombró al magistrado Ángel Hurtado para la Sala Segunda.

Hurtado es instructor del caso de la filtración del correo por el cual se ha investigado al fiscal general del Estado y Hernández será miembro del tribunal de enjuiciamiento.

La presencia de Martínez Arrieta en el tribunal de enjuiciamiento viene seguida de ciertos rumores en el sentido de que el presidente en funciones no ha compartido algunas decisiones adoptadas por el juez instructor Hurtado y se lo ha hecho saber. 

Rectificación del auto por desproporcionado

Fuentes judiciales apuntan, asimismo, que el auto sobre entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado para clonar los ordenadores y sus teléfonos móviles, así como en la Fiscalía Provincial de Madrid para hacer lo mismo con los dispositivos de la fiscal-jefe Pilar Rodríguez, que ordenaba a la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoger toda la información y datos entre el 8 de marzo de 2024 y el 30 de octubre de 2024, fue rectificado por el instructor después de recibir sugerencias sobre la desproporción de la medida. 

Hurtado, una vez realizada la tarea encomendada a la UCO y, por tanto, con los datos ya recogidos en las fechas ordenadas, dictó una resolución que limitó la diligencia a las fechas del 8 al 14 de marzo de 2024, una rectificación que la Sala de Apelaciones destacó en su auto al avalar la proporcionalidad de la medida de entrada y registro, aunque con discrepancias del magistrado Andrés Palomo, de las cuales no se dejó constancia alguna, y con la aquiescencia de dicho magistrado para que la resolución se dictara por unanimidad.

Fuentes judiciales señalan que muy probablemente el instructor procederá a repetir con Pilar Rodríguez el archivo de la causa que ya resolvió para el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, quien solicitó a la fiscal-jefe de Madrid el expediente del procedimiento de González Amador. 

Rodríguez aportó los datos a la Fiscalía General del Estado en concepto de “dación de cuenta” a la que están obligados los fiscales y jefes por el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). 

El magistrado instructor no ha decidido adoptar nuevas diligencias de investigación de momento, aunque tiene pendiente resolver algunas peticiones de las acusaciones personadas. Según se ha apuntado, la Sala Segunda del Supremo tiene bastante prisa en resolver el desenlace. Las fuentes señalan que el juez instructor dictará el auto de conclusión de las diligencias y el auto de procesamiento de García Ortiz en las próximas semanas.

Esas fuentes, asimismo, aseguran a EL PERIÓDICO que García Ortiz no tiene previsto renunciar a su cargo de fiscal general del Estado y que el Gobierno no se apartará de su decisión, ya adoptada, de mantenerle en el puesto incluso con la apertura del juicio oral, siempre que García Ortiz preste su acuerdo con ello.

Tanto García Ortiz como el Gobierno apuestan a que no será declarado culpable en el juicio que previsiblemente tendrá lugar en el mes de julio. 

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