El juez Peinado investiga ahora también un posible delito de malversación por la contratación de la asistente de Begoña Gómez

El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha ampliado con la malversación de caudales públicos el catálogo de delitos que investiga en relación con las actividades de la mujer del presidente del Gobierno. Lo hace en una pieza separada en la que ha llamado a declarar como testigo el próximo 16 de abril al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación con la contratación de la asistente de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.

El juez Peinado llama a declarar a Bolaños como testigo en una pieza separada sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez

En el auto de citación, al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala expresamente que de las declaraciones del pasado 26 de febrero de Álvarez -en calidad de imputada- y del responsable de su contratación como asesora de Presidencia, Alfredo González -como testigo-, "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales públicos", y de ello la necesidad de citar al superior de ambos, que es el ministro Bolaños. por hechos que sucedieron cuando éste era secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Se trata de la primera vez que este delito aparece en los autos del juez Peinado, puesto que cuando citó a Álvarez, el juez se limitó a señalar que los indicios contra ella permitían "colegir su participación en los hechos en los que es investigada Begoña Gómez, concretamente en presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios", sin citar la malversación. A la mujer del presidente se la investiga también por apropiación indebida e intrusismo en relación con el software utilizado en su cátedra de la Universidad Complutense.

Por su parte, momentos antes de acudir a la sesión de control del Senado de este martes, Bolaños ha afirmado a preguntas de los periodistas que a esa hora no había recibido aún ninguna citación para declarar. Se confesó sorprendido con la noticia, si bien agregó que no tendrá ningún problema en atender el requerimiento del juez Peinado: "Si puedo ser útil con mi testimonio lo seré, mi trabajo todos los días es que los jueces y magistrados puedan hacer su labor en las mejores condiciones".

Ya lo advertían las acusaciones

Pese a que el magistrado no imputó a la asesora de Moncloa por ese delito, la malversación ya figuraba en el escrito con el que la acusación que ejerce Hazte Oír pedía la ampliación de las actuaciones a su contratación. "Es evidente que la utilización instrumental de la señora Álvarez Rodríguez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, por si sola puede colmar no solo el tipo penal de tráfico de influencias sino también el de malversación", afirmaba el escrito firmado por el abogado Javier María Pérez-Roldán.

No obstante, añadía que el de tráfico de influencias podía estar más claro "desde el momento de la constatación del uso público y expreso, por parte de la señora Gómez, de su condición de esposa del presidente, como se puede comprobar en la propia web del IE, que enlaza a un artículo en el que mencionan claramente, en su currículum vitae". 

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En cuanto a la malversación las acusaciones sostenían que debía destacarse que en los correos admitidos por Álvarez "se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas".

El juez Peinado precisa en el auto de citación de Bolaños que le tomará declaración en su despacho del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes porque "los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno".  La resolución señala que "al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial".

El magistrado puntualiza cómo se producirá la declaración después de la polémica que se suscitó con la prestada, también como testigo, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su despacho, cuando no le dejó declarar por escrito y él se negó a responder al acogerse a la dispensa que proporciona ser cónyuge de la persona investigada.