El PP obligará a Sánchez a asistir mensualmente al control del Senado con una reforma del reglamento

Pedro Sánchez cumplirá esta semana un año sin pisar el Senado. Ante la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, el presidente del Congreso ha evitado acudir a las sesiones de control que se celebran los martes por la tarde. Los populares quieren poner solución a estas incomparecencias y reformarán el reglamento del Senado para que la asistencia del jefe del Ejecutivo sea obligatoria, al menos una vez al mes.

Desde que arrancó la legislatura, Sánchez solo ha acudido en una ocasión a la Cámara Alta para responder las preguntas de los senadores, el 12 de marzo de 2024. Desde entonces no ha vuelto, dado que no tiene obligación de acudir a las sesiones de control. El reglamento del Senado solo establece, en su artículo 164, que las preguntas deberán ser respondidas por un ministro para evitar que el Ejecutivo pudiera enviar a un secretario de Estado.

Los planes del PP pasan por reformular este artículo e incluir que el presidente del Gobierno estará obligado a acudir a las sesiones una vez al mes, salvo causa justificada. Además, será la Mesa del Senado, con mayoría del PP, quien determine cuántas preguntas debe responder Sánchez y en qué proporción las hará cada grupo. A esto se suma que el Gobierno, antes de conocer el listado de preguntas, deberá informar de qué ministros estarán ausentes, lo que reduce su margen para evitar debates incómodos.

No obstante, estos cambios contrastas con otras modificaciones que lo que buscan es limitar el tiempo del presidente del Gobierno o de los ministros durante las comparecencias en pleno o en comisión, fijando un tiempo máximo, algo que ahora no existe. Dado que tienen mayoría absoluta, los populares no tendrán problema en aprobar esta modificación, aunque la pasada semana avisaron que remitirían este texto a todos los grupos parlamentarios para intentar contar con su apoyo durante la tramitación.

Cambios en el proceso legislativo

Estos no son los únicos cambios de calado de la propuesta del PP que modifica más de una treintena de artículos. Los conservadores quieren poner las cosas difíciles al Gobierno y para ello plantean que la Mesa del Senado, a petición de algún grupo, pueda solicitar la elaboración de informes a los órganos del Estado sobre cualquier proposición de ley que llegue del Congreso. Los conservadores llevan tiempo denunciando que el Gobierno presenta iniciativas como grupo parlamentario y no desde el Consejo de Ministros para evitar todos estos informes.

Por otro lado, quieren establecer que el Senado pueda rechazar cualquier norma sin la necesidad de que algún grupo haya presentado una propuesta de veto, como establece el reglamento actual. Esto se debe a que durante la tramitación de la ley que beneficiaba a presos de ETA, los populares no fueron conscientes de su calado y no registraron el veto, por lo que la ley acabó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pese a su rechazo en pleno. También quieren que la Mesa pueda solicitar al Gobierno las razones que sustenten que un proyecto de ley sea tramitado por la vía de urgencia.

Además, los populares quieren acabar con la parálisis legislativa que sufren todas sus iniciativas que son impulsadas desde el Senado y que, posteriormente, frena la Mesa del Congreso. Para ello, plantean la posibilidad de iniciar conflictos de atribuciones entre ambas Cámaras si se produce una demora de "forma injustificada".

Más comisiones

Entre los cambios, los populares también han introducido una modificación de los requisitos para la creación de comisiones de investigación. Hasta el momento, el reglamento establece que estas deben ser propuestas por 25 senadores de dos grupos parlamentarios distintos, por lo que el PP necesitaba contar siempre con otra formación. Sin embargo, plantean eliminar esta condición y mantener solo la necesidad de los 25 senadores.

También, y como ya anunciaron, proponen la creación de una Comisión General de las Entidades Locales, al estilo de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y una comisión permanente de Vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.