Verdades y mentiras sobre la delegación de competencias en inmigración a Catalunya

Catalunya gestionará, si Podemos lo permite, mayores competencias en materia de inmigración. Un pacto entre el PSOE y Junts ya registrado en el Congreso como proposición de ley orgánica; que para algunos abona el racismo, para otros desmantela el Estado, y para unos últimos, fortalece el autogobierno. Pero, ¿qué podrá hacer y qué no la comunidad?

¿Fijará criterios distintos a los de otras autonomías? Las nuevas competencias se asumirán por delegación, y no por transferencia, lo que implica que los criterios para los extranjeros serán los mismos que en el resto de las autonomías. La normativa aplicable es la del Estado y solo puede cambiarse si las Cortes lo avalan. "Se delega a la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación" de los permisos de estancia de larga duración, de residencia temporal y de residencia de larga estancia, se aclara en varios artículos de la futura ley.

¿Quién atenderá a los extranjeros? Catalunya no podrá cambiar los criterios para la concesión de los permisos de trabajo o residencia, pero sí podrá concederlos un funcionario de la administración catalana y no de la estatal. Al igual que este podrá otorgar las tarjetas de identificación que previamente habrán sido validadas. A la larga, se persigue que el objetivo de que esta suerte de ventanilla única sirva para compaginar y agilizar los trámites habituales, desde la proximidad y con el distintivo de la Generalitat. Y es que Catalunya ya cuenta con competencias en materia de acogida, pero ahora también podrá establecer la previsión anual de las ocupaciones y de las cifras previstas de puestos de trabajo que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen con relación a las necesidades, así como fijar una lista de ocupaciones prioritarias en alianza con las organizaciones empresariales y sindicales.

Catalunya emitirá permisos de residencia y podrá efectuar devoluciones de inmigrantes

¿Controlará los flujos migratorios? No, pero el Gobierno informará a la Generalitat de los instrumentos internacionales que acuerde con terceros países y podrá suscribir acuerdos de colaboración en el marco de sus competencias. Pero esto no implica que pueda decidir sobre los flujos migratorios. 

¿Podrá expulsar a extranjeros? No, la Generalitat podrá expulsar solo si un juez y el Estado previamente lo certifican. Lo que sí podrá hacer es ejecutar devoluciones, cuando la persona haya entrado de forma ilegal o si ha desobedecido una orden de expulsión quedándose en el país.

¿Los Mossos d'Esquadra controlarán las zonas fronterizas? La policía catalana estará en los pasos, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y podrá "actuar" en los puestos habilitados "en colaboración" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes de la policía catalana también se encargarán de la seguridad en puertos y aeropuertos y de la protección de las infraestructuras críticas, pero no de las tareas relacionadas con los flujos migratorios. Se ampliará la plantilla hasta los 26.800 agentes en 2032 para atender a las nuevas competencias sin perder unidades de patrullaje.

Las claves del traspaso de inmigración a Catalunya: Mossos en las fronteras, más agentes y gestión integral de los CIE

La Generalitat asumirá la gestión "integral" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero el acuerdo precisa que esto incluye "la dirección, la coordinación, la gestión e inspección de los centros". ¿Esto quiere decir que podrán cerrarlos? Ahí es donde se abren los interrogantes. Sobre el papel, esto no se concreta, por lo que los socialistas aseguran que no. Pero, pese a que Junts llegó a manifestarse a favor de poner fin al de Barcelona, fuentes del partido se inclinan por "reconvertirlo". Alegan que los recién llegados deben tener un espacio de atención, por lo que estudiarán cambiar la óptica de estos centros, fomentarlos como lugar en el que ayudar a conseguir derechos, y no como un espacio en el que esperar una deportación. Sin embargo, esto quedará en manos del partido que ostente la Generalitat, y en este momento dependería de la voluntad del PSC.

Junts presentará una ley para que los permisos de residencia no se concedan sin saber catalán

Junts defiende que el catalán sea un requisito para la concesión de los permisos, pero el conocimiento de la lengua catalana ya lo es. En los informes de arraigo social, ya se contempla que el usuario supere un test o haya hecho un curso de 45 horas. Catalunya no podrá exigir un mayor nivel si las cámaras legislativas no retocan la normativa actual. Y esto, solo depende de un nuevo acuerdo entre partidos.

Pese a que Junts presiona ya al Govern, la decisión sobre cómo aplicar las nuevas competencias será del president Salvador Illa, si la delegación se hace efectiva en junio, como calculó EL PERIÓDICO si se encauza por la vía rápida y finalmente cuenta con el plácet de Podemos. Illa ya ha encargado a la conselleria de Drets Socials, pilotada por Mònica Martínez Bravo, un plan para anunciar nuevas medidas que redirijan el foco: si la futura ley está centrada en la seguridad, la política del ejecutivo en materia migratoria perseguirá garantizar derechos y amplificar una política en la que la Generalitat tiene facultades desde 1992.

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