El juez del Supremo prorroga seis meses la investigación al fiscal general del Estado

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha acordado una prórroga por seis meses de la investigación judicial de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, plazo que se computará a partir del próximo 24 de marzo.

En un auto, notificado este miércoles, Hurtado destaca que la investigación puede prolongarse incluso más de un año debido a su complejidad porque al haber hecho desaparecer el investigado "la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos", esa ausencia de datos "ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad". Ello ha provocado, añade, que se esté "a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda, cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más".

Respecto a la prorroga acordada, el instructor explica que, de acuerdo a la doctrina de la Sala, el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga alguna.

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Sin embargo añade que es comprensible la cautela de las distintas partes, que se remiten a la fecha de incoación de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid, el 1 de abril de 2024, o la fecha de registro en este Tribunal Supremo de la querella formulada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el 24 de marzo de 2024, pese a que en ese momento no se la dio curso, e interesan que sea tomada esta fecha, como el del inicio del cómputo de la investigación.

El juez recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese tiempo la investigación, lo que entiende que sucede en la causa.

En el marco de esta investigación, Hurtado tiene previsto tomar declaración el próximo 12 de marzo como testigos a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

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El juez decidió llamarles a declarar al considerar que puede ser útil "conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024" en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía al fiscal la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública" por parte de Alberto González Amador, "hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital El Plural.com, y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado".

Ambos nombres aparecieron en la causa tras el análisis del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, que reconoció al magistrado que llevó ante notario los mensajes que se cruzó con la entonces jefa de gabinete del exministro Óscar López, el 14 de marzo. Sánchez Acera le envió el correo de la defensa de la pareja de Ayuso de cara a su intervención en la Asamblea de Madrid.