ERC impugna ante el Consell de Garanties el último decreto de vivienda de Illa

La buena sintonía exhibida en las últimas semanas entre el Govern y ERC se ha visto truncada este martes. El partido de Oriol Junqueras ha comunicado este martes que ha decidido impugnar ante el Consell de Garanties Estatutàries el último decreto de vivienda aprobado la semana pasada por el Govern de Salvador Illa que, entre otras cosas, crea un registro de grandes tenedores para saber cuántos pisos vacíos hay en Catalunya.

Los republicanos no ponen en duda el fondo del decreto, sino la forma. Consideran que las medidas que la Generalitat emprende en materia de vivienda son de tanto calado que no pueden resolverse en un simple decreto y deberían tomarse a través de una negociación más profunda y extensa en la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Así, ERC considera que el Govern contraviene el artículo 64 del Estatut que establece que los decretos deben hacerse solo en caso de "necesidad extraordinaria y urgente", algo que, en este caso, el partido de Junqueras no ve para nada justificado. De hecho, Esquerra cree que Illa "ha forzado demasiado el uso del decreto ante la incapacidad política de aprobar los presupuestos" de este año.

ERC cuestiona que medidas de tanto calado se hagan a través de un decreto y no de una ley

El decreto impugnado, más allá de crear el registro de grandes tenedores, también crea la nueva licencia exprés o licencia previa básica, que permitirá a los constructores poner en marcha algunas fases iniciales de una obra (como los movimientos de tierras o la edificación de la estructura) antes de tener el permiso definitivo. Además, también busca agilizar el proceso que tienen que seguir los ciudadanos que quieran inscribirse en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial.

La reacción del Govern

Tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que la utilización del mecanismo del decreto ley responde a la “necesidad y urgencia” de hacer frente a la emergencia habitacional en un contexto en el que no se han aprobado nuevos presupuestos y ley de acompañamiento. “Estamos convencidos de que hay una coherencia”, ha insistido en rueda de prensa, recordando que todos los decretos ley aprobados responden al programa para lograr 50.000 pisos protegidos más hasta 2030 que se ha fijado el Govern. “Está totalmente justificado”, ha concluido la también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Paneque también ha reconocido que el Govern está abordando con ERC y los Comuns la regulación de los alquileres de temporada y la vía para tratar de impedir que 36.000 pisos pierdan la condición de protegidos y pasen al mercado libre. Sin embargo, ha apuntado a “dificultades jurídicas” en ambas materias. En el caso de los alquileres de temporada, el Govern ha priorizado hasta ahora que se lleve a cabo a nivel estatal en el Congreso; y en cuanto a retener esas viviendas protegidas en riesgo de dejarlo de ser ha subrayado que será complicado actuar “con carácter retroactivo”, informa Sara González.

Fuentes de ERC aseguran que la impugnación nada tiene que ver con la negociación de este decreto y que las conversaciones siguen a buen ritmo. La previsión es poder alcanzar un acuerdo en breve.

Marcar perfil

Fuentes republicanas exponen que hay que leer esta impugnación más en clave política que en clave jurídica. Es decir, es una forma de marcar perfil ante el Govern y reprocharle que la semana pasada sacara adelante el decreto sin negociarlo con la oposición. También es una forma de intentar poner de relieve que Illa no tiene estabilidad parlamentaria y que tiene que sacar adelante su agenda legislativa a través de decretos por vía de urgencia, y no de leyes con más recorrido y debate en el Parlament.

El Consell de Garanties es el órgano de la Generalitat que se pronuncia sobre la legalidad de las normas que se debaten en la Cámara. Sus resoluciones no son vinculantes, pero el Govern acostumbra a aplicarlas siempre. Ahora tiene 12 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso de ERC.