El PSOE y Junts pactan el traspaso de competencias en inmigración a Catalunya

La retirada por parte de Junts de la propuesta sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez ha dado frutos. Finalmente, los negociadores de PSOE y JxCat han alcanzado un acuerdo para que Catalunya gestione las competencias en inmigración que se anunciará de forma inminente. Los dos partidos, después de más de un año tratando de encontrar puntos en común, han conseguido armar la proposición de ley que presentarán conjuntamente y deberá permitir la transferencia de las competencias en esta materia a la Generalitat después de que los posconvergentes lo exigieran como contrapartida para salvar con su abstención dos decretos del Gobierno que pendían de un hilo.

Según fuentes de la negociación consultadas por EL PERIÓDICO, las dos formaciones "han cedido" en sus posiciones de máximos y han acabado encontrando un "término medio". A la espera de conocer la letra pequeña, tal y como ya avanzó este diario, el acuerdo pasaría por una "cogestión de la frontera" y por destinar más agentes de los Mossos de Esquadra a estas infraestructuras para poder asumir estos trabajos. El Govern también tendría la potestad de proponer expulsiones y podría tramitar y resolver expedientes como los NIE, aunque el Estado se reservaría la última palabra. El Gobierno, por su parte, argumenta que el paraguas del traspaso será el artículo 150.2 de la Carta Magna. "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado", señala el precepto.

Una negociación larga y tortuosa

La negociación ha sido larga y tortuosa debido al choque en la interpretación de un acuerdo con amplias lecturas, que ha dado pie a múltiples contradicciones. A ojos de los posconvergentes, debía ser una cesión "integral", que incluyera el control de las fronteras para los Mossos d'Esquadra, pero el Gobierno lo negaba y consideraba que un paso de este tipo sería inconstitucional. Durante este tiempo, la formación independentista señaló como uno de los principales culpables de la falta de acuerdo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegando a pedir directamente su cese, y acusaron a los socialistas de hacer dos discursos, uno en España y otro en Suiza, donde se reúnen una vez al mes en presencia del mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.

El pacto PSOE-Junts por el traspaso de competencias en inmigración se encalla en la gestión de los NIE

Aunque el pacto no especificaba ni un calendario ni unas condiciones concretas, las partes presumían antes de cerrar el 2024 que estaban en la recta final de las negociaciones. Pero, poco después de la dosis de optimismo de los posconvergentes, las conversaciones volvieron a complicarse.

Además del papel de los Mossos en la frontera, la negociación también encalló en la resolución de expedientes como los NIE. El secretario general de Junts, Jordi Turull, explicó en una entrevista en EL PERIÓDICO que el Gobierno trataba de dejar el traspaso en una "encomienda de gestión". Es decir, permitir que la Generalitat tramitara y comunicara las resoluciones, pero sin capacidad de resolución, algo que Junts consideraba inaceptable. Y aún había un punto más de fricción: Carles Puigdemont exigía que la Generalitat tuviera la capacidad para hacer expulsiones.

La falta de acuerdo en esta cuestión, junto con la ausencia de avances en la oficialidad del catalán en la UE y el hecho de que Sánchez aún no se haya reunido con Puigdemont, llevó a Junts a exigir en diciembre una cuestión de confianza al presidente del Gobierno. El pulso planteado por el expresident de la Generalitat tensó la situación, pero finalmente el partido de Puigdemont acabó retirándola a petición del mediador para tratar de dar aire a la negociación. En su comunicado, Galindo aseguró que la votación de esta proposición de Junts podía suponer "un retroceso difícil de superar", porque frenaría los "avances" alcanzados hasta el momento. También avanzó que estos acuerdos se podían materializar en breve.

Los Presupuestos

Para los posconvergentes, el pacto para la gestión de la inmigración es importante para reducir trasvase de voto hacia Aliança Catalana y también para marcar diferencias con ERC, a quien durante años han achacado apoyar al PSOE "a cambio de nada". El Gobierno, por su parte, también necesitaba cerrar este acuerdo para empezar a negociar los Presupuestos del año que viene con el partido de Puigdemont, a sabiendas de que sus siete votos son necesarios para blindar la legislatura. El entendimiento endereza la crisis y despeja nuevas amenazas de ruptura, aunque queda pendiente la oficialidad del catalán en la Unión Europea y lo que los posconvergentes definen como "amnistía política", lo que supone una reunión entre Puigdemont y Sánchez.

Los socialistas aseguran que están haciendo todo lo que pueden para avanzar en la primera cuestión, pero que no depende solo de ellos porque requiere el consenso de todos los socios europeos, mientras que para la cita entre los máximos dirigentes de los dos partidos no hay ninguna fecha prevista. Sánchez, de momento, ha abierto la puerta al encuentro, pero sus colaboradores descartan que este sea inminente. Aun así, un nuevo pacto sobre los Presupuestos de este año, que ahora mismo se ve lejano, podría acelerarlo todo.