La pareja de Ayuso pide declarar cuanto antes por sus relaciones con Quirón y que la investigación por delito fiscal quede en suspenso

La pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias que "tan pronto lo permita la agenda del juzgado" sea llamado a declarar en la nueva pieza cuya apertura ha sido hoy avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, por la posible utilización de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas.

En sendos escritos a los que ha tenido acceso este periódico, se solicita además a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 que acuerde la suspensión de la pieza principal, en la que el empresario Alberto González Amador está acusado de dos delitos fiscales y también de falsedad documental.

Argumenta la defensa que es incompatible la existencia de delito fiscal alguno con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de una actividad delictiva. "En otros términos: las hipótesis consideradas por la pieza separada son incompatibles con el delito fiscal considerado", señala concretamente el escrito.

La defensa también reclama la expulsión de la pieza sobre este asunto de la acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid. La decisión de la Audiencia de Madrid ha supuesto el rechazo del recurso presentado por esta parte contra la decisión de la jueza Iglesias de ampliar sus pesquisas a posibles delitos de corrupción en los negocios a instancias de las acusaciones populares.

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Razona la Audiencia “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas" –continúan los jueces-, "podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”.

El silencio de González Amador

La decisión se ha adoptado después de que el empresario se acogiera la semana pasada a su derecho a no declarar por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, una diligencia que se había visto suspendida hasta en cuatro ocasiones por diferentes motivos, y a punto de cumplirse un año desde que se interpuso la denuncia por parte de la Fiscalía.

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Dentro de esta nueva pieza de investigación, la Fiscalía apunta además a "lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros" por parte del empresario a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una empresa sin aparente valor comercial, lo que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".