El padre de víctima del atentado de Barcelona cuestiona la sentencia y anima al Congreso a seguir investigando

Francisco Javier Martínez Espínola, el padre del niño de tres años asesinado en La Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, ha expresado este martes en el Congreso sus dudas sobre la sentencia de la Audiencia Nacional avalada por el Supremo, y ha animado a los grupos a seguir investigando y forzar la desclasificación de completa de documentos para "averiguar la verdad".

Martínez Espinola, que en el proceso judicial estuvo representado por Jaume Alonso Cuevillas, exdiputado y letrado del líder de Junts, Carles Puigdemont, presentó en enero una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que sostiene que España no cumplió con sus obligaciones "al no investigar correctamente el fondo y a los responsables" de los ataques.

Demanda planteada ante el TEDH

En esa demanda se argumenta que la Justicia concluyó de forma precipitada que Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll al que se considera el líder de la célula, murió en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona) registrada la víspera de los atentados, y se reclama ante el TDEH que se investigue "el rol de los servicios de inteligencia españoles" y su relación con Es Satty.

Para ello esgrime los documentos desclasificados por el Gobierno a petición de la comisión de investigación del Congreso, que revelan que Es Satty recibió visitas del CNI en la prisión de Castellón en 2014, cuando estaba cumpliendo condena por tráfico de drogas. La demanda añade que también hay indicios de que entre 2015 y 2016 estuvo en Bélgica y que fue sometido a una "vigilancia estrecha" por parte de los servicios de inteligencia.

Uno de los dos condenados por los atentados del 17-A afirma que el CNI conocía las intenciones del imán Es Satty

Esta tesis que cuestiona la investigación y pone el foco en las relaciones del CNI con Es Satty es la que viene defendiendo Junts, que pidió la comparecencia de Espínola, y algunos de los comparecientes que han desfilado por la comisión. Así lo hizo, por ejemplo, uno de los condenados por el 17A, Mohamed Houli, quien la semana pasada acusó sin pruebas a los servicios secretos de haber dejado que el imán montara la célula terrorista y dijo desconocer si había muerto o no en la explosión de Alcanar a la que él si sobrevivió.

Ante la comisión de investigación, Espínola ha explicado que la sentencia les dejó "buen sabor de boca" y tuvo "detalles" con las víctimas, pero ha insistido en que no refleja fielmente toda la realidad. Y como la sentencia deja abierta la puerta a reabrir la causa si hay nuevas pruebas, Espínola pide cerciorarse de la muerte del imán de Ripoll que se sitúa en la explosión de Alcanar, identificar al conductor de la furgoneta que salió de allí tras la deflagración o realizar pruebas de contraste de ADN, entre otras medidas.

Más de 100 víctimas del 17A siguen sin indemnización siete años después de los atentados

"Hay cosas que hay que investigar todavía", ha subrayado, recordando que aún quedan documentos clasificados que, en su opinión, podrían servir para "saber la verdad". "Si averiguamos qué pasó y con esa averiguación de esa verdad podemos parar un atentado o mínimamente intentar que no se produzca un atentado o ver qué falló para que se pueda mejorar", ha añadido

Mala atención a las víctimas y nula colaboración policial

Pero también se ha quejado de los protocolos de atención de víctimas de terrorismo, que a su juicio no funcionan, adolecen de empatía y humanidad, y deberían mejorarse. Además, ha dicho sentirse "víctima de segunda o de tercera" en relación con las familias de asesinados por la banda terrorista ETA.

Javier Espínola ha criticado además la nula colaboración entre los cuerpos policiales, que espera que ahora funcionen mejor, ha recordado que en esos días de agosto de 2017 la investigación policial se vio perjudicada por el clima de desconfianza entre la Generalitat independentista y el Gobierno del PP.