Los Comuns piden al Govern "concreciones" para que las viviendas protegidas no puedan volver al mercado privado

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, aseguró en el último pleno que los 50.000 pisos sociales que el Govern tiene previsto alcanzar hasta 2030 no perderán nunca su protección, es decir, no pasarán al mercado privado. Sin embargo, ese mismo año, Catalunya habrá perdido unas 36.000 viviendas de protección oficial (VPO), tal como explicó EL PERIÓDICO, si no hay una modificación legal que lo impida.

Por esa razón, desde los Comuns piden al president, Salvador Illa, una fórmula para evitar que esto suceda y que, por tanto, el parque público no vea limitado su crecimiento por la pérdida de inmuebles de VPO de forma progresiva a lo largo de los años. "Es necesario garantizar que la vivienda de protección oficial actual y futura no pierda esta categoría", ha espetado el portavoz de los Comuns, David Cid, en una rueda de prensa en el Parlament. Si bien ha celebrado el acuerdo aprobado en el Consell Executiu este martes para agilizar los trámites en la construcción de este tipo de pisos, ha sido claro al advertir al Govern de que no se trata solo de edificar más, sino de blindar el parque público ya existente.

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La inseguridad jurídica

"No tiene sentido que tengamos un parque público de 36.000 pisos que vayan a dejar de serlo [en 2030]", ha declarado el diputado de los Comuns, tras situar esta cuestión como uno de los asuntos que tienen ahora mismo sobre la mesa en sus conversaciones tanto con Paneque como con la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero. Aunque todavía no hay ningún acuerdo al respecto, los Comuns piden al Executiu una fórmula que garantice sobre el papel que los 50.000 nuevos pisos de protección oficial que se prevén construir no pierdan nunca esta condición, además de requerir "urgencia" para sacar adelante una reforma legal que impida que "cada día" caduquen VPO, una cuestión que desde el Govern temen que provoque "inseguridad jurídica" y ya asumen que será "difícil" frenarlo.

El Govern ve "complicado" impedir que las 36.000 viviendas que dejarán de ser de protección oficial pasen al mercado privado

La incertidumbre legislativa a la que apelan desde el Palau de la Generalitat es un argumento que los Comuns no comparten, ya que consideran que no impide que, en el caso concreto de las zonas declaradas tensionadas, se pueda hacer un "alargo temporal" de esta protección oficial, mientras los municipios que forman parten sigan teniendo esta alta demanda. Esto supondría salvar 29.000 de los 36.000 inmuebles protegidos que, con el escenario actual, perderán esta condición en los próximos cinco años.

Un cumplimiento del pacto de investidura

Que se prorroguen las VPO en las zonas tensionadas es precisamente uno de los puntos que sellaron PSC y Comuns en el acuerdo de investidura de Illa, por lo que desde el grupo parlamentario liderado por Jéssica Albiach asumen que es un compromiso que se cumplirá: "No hacerlo es incumplir el acuerdo de investidura", ha recordado Cid, que ha exigido, además, "concreciones" para asegurar esta protección, así como un "marco legal" que permita que nunca más se vuelva a construir vivienda protegida que pueda perder esta condición y, por tanto, volver al mercado privado a precio libre.

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Estas 36.000 viviendas a las que hacen referencia tanto el Govern como los Comuns son construcciones protegidas, cuyo régimen expirará entre este año y 2030, lo que implica que se podrán vender, si así se desea, sin un tope en el precio, pese a haber sido adquiridas con condiciones especiales que lo hacían más asequibles. Si bien esta cifra será menor, ya que desde el Departament de Territori afirmaron a este diario que los que son públicos no pederán su protección, la suma alcanzará los 59.000 pisos en 2050, según los datos que actualmente maneja el Govern.