Los acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat en 5 claves: de las inversiones a los 'mossos' y jueces

El Estado y la Generalitat han abordado este lunes la segunda tanda de reuniones bilaterales que servirán para poner sobre el papel cuestiones clave que permitirán dar cumplimiento a la hoja de la ruta que se marcó el Govern, tanto aquellas pactadas en los acuerdos de investidura de Salvador Illa, como las que implican la materialización de compromisos que fueron aprobados hace años, pero cuyo traspaso no se había hecho efectivo todavía, como la gestión de las becas, pendiente de consumarse desde hace casi 30 años.

La seguridad, la justicia y la financiación han sido las tres cuestiones protagonistas en esta cumbre, escenificada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se han reunido en el Palau de la Generalitat, en sendos encuentros: la comisión bilateral y la comisión mixta de transferencias.

Estos son los principales acuerdos que se han suscrito:

60 nuevos jueces en los próximos tres años

Una de las prioridades del nuevo Govern de Illa es atajar la multirreincidencia en Catalunya para acabar con la sensación de inseguridad que reflejan los barómetros. En esa dirección, Estado y Generalitat han pactado sumar 60 jueces más en los próximos tres años con el objetivo de recortar la ratio de magistrados para alcanzar la media estatal, que se sitúa en 12,1 jueces por cada 100.000 españoles, mientras que Catalunya cuenta con 10,9 para la misma cifra de ciudadanos. Se trata de una de las cuestiones que vertebrará el plan de choque contra la multirreincidencia anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El incremento busca descongestionar el sistema judicial catalán, que cuenta con un importante bloqueo que despunta en los juicios rápidos (delitos que conllevan penas de hasta cinco años), cuya celebración debería hacerse en 15 días y actualmente están señalados a más de un año vista.

Incrementar hasta 25.000 los efectivos de Mossos d'Esquadra

A la falta de jueces en Catalunya se suma la carencia de efectivos de los Mossos d'Esquadra, un reclamo que tanto sindicatos como partidos hace años que exigen y que también va en la línea de abordar la sensación de inseguridad que perciben los ciudadanos. Este lunes se ha materializado incrementar las plazas de mossos hasta los 25.000 en cinco años, una cifra que no es nueva, ya que también forma parte de la batería de medidas que se enmarca en el plan de multirreincidencia y que ya se anunció en la pasada Junta de Seguridad. El calendario con el que trabajan desde el Estado y la Generalitat es que antes de verano se celebre una nueva Junta donde se acuerden los pasos previos que concreten las fechas de las nuevas convocatorias. Desde el inicio de la legislatura, el Govern ya ha ampliado en 400 las vacantes en el cuerpo policial catalán.

El nuevo consorcio de inversiones

El tercer acuerdo de calado, como adelantó EL PERIÓDICO, es el impulso del consorcio que gestionará la ejecución de las inversiones previstas para Catalunya en los Presupuestos Generales del Estado, un pacto sellado entre PSC y ERC para la investidura de Illa y que está previsto que esté operativo a partir del 1 de enero de 2026. Ese mismo año deberá estar vertebrada la estructura para que la Agència Tributària de Catalunya recaude el IRPF, en el marco de la financiación singular que también pactaron ambos partidos, pero que no se abordará en las comisiones de este lunes, sino en la del viernes. Este consorcio será un órgano con una fórmula paritaria entre ambas administraciones que deberá atajar el histórico déficit de inversiones y la baja ejecución presupuestaria que se arrastra esta comunidad autónoma desde hace años -en el 2023 fue de un 45% en Catalunya frente al 165% de Madrid-. En la reunión bilateral se ha acordado crear una comisión de trabajo que estipulará cuál es el método y el total de financiación para este ente, ya que en el acuerdo de investidura se recoge que debe equivaler a "la media de inversión pública sobre el PIB al conjunto del Estado", en un marco plurianual.

Determinar la liquidación del déficit en infraestructuras entre 2009 y 2013

Otro de los asuntos que también se ha puesto sobre la mesa en materia de financiación es la creación de otro grupo de trabajo que deberá determinar el importe pendiente que debe liquidar el Estado a Catalunya correspondiente al déficit en infraestructuras, tal y como se establece en la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya. Este grupo de trabajo, que se pondrá en marcha a partir de esta comisión bilateral, deberá acordar cuál es el importe a liquidar correspondiente entre 2009 y 2013.

Otros asuntos

Más allá de estas cuatro cuestiones que han contado con un especial foco en las reuniones, Estado y Generalitat también han aprobado durante esta mañana otros acuerdos como la creación de un grupo de trabajo que implementará la prueba piloto para instaurar una ventanilla única que recoja todos los servicios que prestan conjuntamente el Ejecutivo central y el Govern -incluido la gestión del ingreso mínimo vital-. También se ha sellado un compromiso por el cual la Generalitat recuperará, como marca el Estatut, las competencias para convocar y proveer plazas para acatar el déficit de funcionarios de habilitación nacional que sufren los ayuntamientos, un problema que detectó el nuevo Ejecutivo catalán, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. La Escola d’Administració Pública de Catalunya será el órgano que asumirá estas funciones, que incluyen la selección, formación, nombramiento y asignación de estos puestos del funcionariado.

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Por último, en la reunión de la comisión mixta de transferencias -que no se celebraba desde 2010-, se han formalizado asuntos pendientes que llevan años en el tintero como el traspaso formal de la titularidad catalana de las autovías B-23 y B-30, la cesión del Observatori Meteoròlogic del Turó del Home o la gestión de las becas. El impulso definitivo que cierra tras años en el aire la transferencia de estas carpetas pretende ser una muestra más de la instauración de la recuperación en las relaciones Estado-Generalitat.

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