El 25% de los nuevos pisos sociales en Catalunya serán para jóvenes y el 10% para vulnerables

Una cuarta parte de los nuevos pisos sociales que el Govern de Salvador Illa ha prometido construir hasta 2030 serán para jóvenes, menores de 35 años, y el precio del alquiler estará, como mínimo, un 20% por debajo de mercado, además de reservarse un 10% para personas vulnerables. Así lo ha aprobado este martes el Consell Executiu en el marco de la primera convocatoria de reserva pública de solares para incrementar la oferta de vivienda protegida. La Generalitat calcula que esta primera entrega de suelo se podrán construir unos 10.000 pisos que deberán mantener, además, el requisito de vivienda social durante un plazo de 75 años.

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El president lo ha avanzado en una intervención durante la reunión de la Comisión Interdepartamental de Vivienda, en la que ha garantizado, como ya prometió el ejecutivo, que los pisos que se destinen a este alquiler asequible mantendrán "siempre" esta condición. Y es que 36.000 pisos del actual parque de vivienda pública dejarán de serlo en los próximos seis años y podrían incorporarse al mercado privado, algo que desde el Govern quieren impedir que suceda con las nuevas promociones.

36.000 pisos de protección oficial en Catalunya dejarán de serlo en 2030

"Basta ya con que los jóvenes se gasten la mayor parte de su sueldo en viviendas como si fuera un lujo", ha asegurado durante su intervención, en la que ha precisado que hasta ahora se estaba construyendo a un ritmo de 259 viviendas protegidas al año y que el ritmo se ha incrementado a 4.400, además de reafirmar su compromiso de alcanzar las 50.000 prometidas.

El siguiente paso, ha avanzado el president, será modificar la ley de urbanismo de Catalunya, para, según ha remarcado, agilizar trámites, construir más rápido y aumentar la edificabilidad. "Estamos hablando de días o de semanas", ha precisado la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La intención es, según ha agregado, crear una nueva figura jurídica, hasta ahora inexistente, "una licencia previa básica, que permitirá que las constructoras puedan iniciar procesos como los movimientos de tierras o incluso empezar a erigir la estructura del edificio, mientras se tramita el grueso del expediente".

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¿Dónde estarán esos pisos?

En su intervención, Illa ha destacado que, de momento, esperan tener terrenos disponibles en Barcelona, Tarragona, Lleida, L'Hospitalet, Sant Boi, Les Franqueses del Vallès, Granollers y Terrassa, ya que así lo han hecho saber lya os respectivos ayuntamientos. Con todo, la consellera Paneque ha recordado que el periodo para inscribir estos suelos en el registro de reserva se abre ahora y ha especificado que hasta dentro de dos meses no se conocerá exactamente dónde hay disponibilidad para construir. "Será entonces cuando ajustemos la previsión y cuando veamos dónde hace falta incidir", ha aclarado la titular de Territori, que ha recordado que será la Agència Catalana d'Habitatge la que certificará y validará si los terrenos en cuestión cumplen los requisitos.

La previsión es que en estos terrenos que surjan de esta primera convocatoria (a finales de este año habrá una segunda) se puedan construir ya unos 10.000 pisos asequibles, un 20% de los anunciados en el plan para dotar a Catalunya de 50.000 nuevas viviendas sociales en 2030. "Tenemos en producción, es decir en distintas fases de construcción, otro paquete de 7.000 pisos", ha actualizado la consellera. Estos se sumarán al millar que ha ido adquiriendo la Agència d'Habitatge de diferentes bancos o fondos inversores.

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A la espera de que se confirmen las ubicaciones, lo que ha hecho el Govern ha sido distribuir los solares en cuatro ámbitos territoriales y, a partir de allí, establecer unos precios para el arrendamiento social. En el primero, el alquiler se fijará en un máximo de 10,65 euros por metro cuadrado, mientras que, en el segundo, el importe será de 8,65 euros. En el tercero, se fija un precio de 7,65 euros y en el cuarto, de 6,64.

Construir más y más rápido

El Consell Executiu ha dado así cumplimiento al anuncio que hizo el viernes el president Salvador Illa junto al presidente Pedro Sánchez en una visita de una promoción de pisos sociales para jóvenes en Sant Boi de Llobregat. Bajo el argumento de que hay que construir más y más rápido porque la vivienda es en estos momentos el principal generador de desigualdad social, el jefe de la Generalitat hizo público durante el debate de política general el pasado mes de octubre que su Govern impulsaría el "plan más ambicioso" que haya llevado a cabo una comunidad autónoma en materia de suelo público.

Fue entonces cuando hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos para que pusieran a disposición solares para construir, además de comprometer una inversión de 4.400 millones de euros en una legislatura para aumentar el parque público de vivienda. En aquel momento, Illa aspiraba -y así lo dijo públicamente- a tener unos nuevos presupuestos vigentes el 1 de enero de 2025, cosa que ha tenido que digerir que no ha sido posible. El 'plan b' del ejecutivo ante la imposibilidad de contar con el aval de ERC a unas nuevas cuentas es lograr aprobar a partir del mes de marzo una modificación de crédito para sumar 4.000 millones extra a los presupuestos prorrogados de 2023.

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Eso explica que el Govern del PSC en minoría haya apretado el acelerador para poder exhibir en los próximos días logros que le allanen el camino para amarrar la mayoría que necesitará en el Parlament para disponer de esos recursos adicionales. Atendiendo a los dos flancos que tiene abiertos, da pasos en materia de vivienda mirando a los Comuns y en Rodalies y financiación singular tratando de complacer a los republicanos.