El hermano de Sánchez recurre ante la Audiencia la investigación al exasesor de Moncloa por ser un "desbordamiento no permitido" de la causa

El abogado Emilio Cortés, que defiende al hermano del presidente del Gobierno en la causa abierta tras su contratación como alto directivo en la Diputación de Badajoz --un cargo al que renunció el pasado 5 de febrero- ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial la decisión de la juez Beatriz Biedma de encargar a la Guardia Civil un informe sobre los correos que se intercambiaron trabajadores de este organismo en relación con la contratación en 2023 de Luis Carrero. Se trata de un exasesor en Moncloa que en un correo electrónico que obra en la causa, con fecha de julio de 2022, se dirigía a David Sánchez como "querido hermanito" y trataba con él varios asuntos profesionales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz pretende indagar en las circunstancias que rodearon la contratación de Carrero como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación desde 2023, tras su salida de Moncloa.

Para la defensa de David Sánchez, sin embargo, el encargo realizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supone un "desbordamiento no permitido" de los primeros presupuestos que dieron lugar a esta causa, que se centraba en la obtención por parte del hermano de Pedro Sánchez de una plaza que terminó denominándose de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La decisión de usar determinados correos electrónicos incautados el pasado verano para investigar ahora la contratación de Carrero supondría, por lo tanto, "colonizar zonas extrañas por completo a las enumeradas por la decisión judicial inicial de interceptación de esos secretos".

Principio de especialidad

El recurso alude también a la jurisprudencia para subrayar que "el principio de especialidad impide que los nuevos hechos delictivos para los que no se había solicitado ni obtenido autorización judicial para la entrada en el domicilio, resulten amparados por la resolución judicial", una afirmación que Cortés cree que debe ser aplicada también a los correos incautados en la Diputación.

"Agrega que el trazo indagatorio original tenía que ver con la creación y adjudicación del puesto de trabajo de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, así como la posterior modificación de su nombre", y que por ello "el iter cronológico de la masiva intervención de esos correos se cerraba, precisamente, en el momento del cambio de designación de destino administrativo", insiste el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Por ello, concluye ante el tribunal de apelación que la investigación al exasesor de Presidencia de Gobierno Carrero no es más que "una dilatación de los límites de la instrucción original, que fue la que justificó formalmente la injerencia en los correos electrónicos" que la Guardia Civil se llevó de dicha institución.