García Ortiz explica en el Senado por qué no dimite: "Estaría haciendo una concesión a los delincuentes"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado este martes en el Senado las razones por las que no dimite a pesar de estar siendo investigado por el Tribunal Supremo. "Si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte", ha señalado, tras reconocer que se encuentra en una "situación procesal incómoda". Y ello pese a las críticas durísimas que está recibiendo, y aunque personalmente sería más cómodo para él marcharse. "Hasta un niño de cuatro años podría meterse con el fiscal general, pero no soy un parlamentario, soy un jurista", ha reconocido para explicar que no pueda "salir al campo político".

Ha defendido, además, que por ser fiscal general no tiene "menos derechos" que otras personas, pues los principios constitucionales, como por ejemplo la presunción de inocencia y el derecho a "declarar de una manera u otra ante un tribunal nos pertenecen a todos, a todos, sin excepción". Así, "el juicio de valor sobre contestar o no a las preguntas de un magistrado es una opinión, sencillamente", ha completado el fiscal, que ha defendido que contestó "ante el tribunal, y le expuso al magistrado [Ángel Hurtado] las razones por las que no contestaba a sus preguntas. Eso es lo que ocurrió, no es una afrenta, a nadie, es una postura procesal amparada en un derecho fundamental".

En el mismo sentido, ha defendido la actuación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, al tiempo que ha calificado de "insulto" las críticas que ella ha recibido por su papel como fiscal del caso sobre la filtración de los datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "No es mi subordinada en la causa, es plenamente fiscal general del Estado en una causa en la que me he abstenido", ha dicho.

Borró para proteger sus datos

Asimismo, ha aclarado que ha borrado sus datos porque es su "derecho a disponer" de su intimidad "como lo tiene cualquier otro ciudadano", al mismo tiempo que ha ejercido su "libertad", y lo ha hecho cumpliendo las previsiones legales para "proteger" sus datos y los de otras personas: "No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado", ha completado García Ortiz, quien ha recordado que quien mantenga datos relativos a terceros está "incumpliendo la normativa" española vigente.

Y en cuanto a su correo electrónico, García Ortiz ha destacado que el borrado ya lo había hecho "con anterioridad": "Borro regularmente los datos, no borro siete meses después los datos, borro regularmente, no lo olviden". En este sentido ha advertido de que se ha visto obligado a cerrar su correo electrónico personal, que utiliza al menos desde 2014, después del 16 de octubre, cuando se dirigió la investigación contra él: "Lo he cerrado, si no me equivoco, el 27 o 28 de de diciembre de 2024 ante el acoso que tenía por haberse revelado mis datos personales. Como he tenido que cambiar mi línea de teléfono, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono personal por las llamadas y por los inconvenientes que suponen que la opinión pública de este país conozca esos datos".

Finalmente, ha reiterado que "la inocencia se presume" y que por ser fiscal general "no soy más y, por tanto, no soy menos, y nadie está obligado a probar su inocencia". De esta forma, ha lamentado ser objeto de "un señalamiento público".

Noticias falsas

García Ortiz había comenzado este martes su comparecencia en el Senado avisando de que "las noticias que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia". De este modo tan contundente arrancó el discurso que había preparado para comparecer ante los senadores y dar cumplimiento a su obligación de dar cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, una cita que se produce en plena polémica por su imputación en el Tribunal Supremo.

En el alto tribunal se investiga si el fiscal general pudo incurrir en una revelación de secretos que habría afectado al empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con el proceso en el que el empresario está incurso por presuntos delitos de fraude a Hacienda y falsificación. La información se ofreció en una nota de prensa para enfrentar un bulo sobre el papel de la Fiscalía en este procedimiento, según defiende García Ortiz.

Su discurso ha sido respondido de forma contundente e inmediata por la senadora del PP María José Pardo, que ha señalado que su gestión representa una "anormalidad democrática" y que por ello es "imperativa" su dimisión, por estar siendo investigado "por filtrar datos de un ciudadano particular, no por desmentir un bulo" y además con el único objetivo de "destruir a una adversaria política". A lo largo de su intervención Pardo ha incidido en que García Ortiz es el "protector del número 1" -- apelativo con el que se refería al presidente Pedro Sánchez la trama Koldo--. Tras afearle el borrado hasta en dos ocasiones de los datos de su teléfono móvil ha resumido así el paso de García Ortiz por la Fiscalía: "Servilismo e imputación, es historia negra de la Fiscalía, váyase". Casi al final de debate se manifestó en términos muy parecidos el también senador popular Antonio Silván, quien levantó cierta bronca entre los escaños al referirse a García Ortiz de actuar "como un presunto delincuente".

Despacho oficial

La comparecencia coincide además con un momento de la instrucción del caso en el que desde la Fiscalía General se cuestiona la difusión de una parte de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dispositivos que se le incautaron a García Ortiz durante el registro de su despacho oficial, ya que podría afectar a su intimidad y seguridad, según ha especificado él mismo en una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

"Las nuevas formas de comunicación, las vías de acceso a la información y la gestión de los datos han demostrado su potencialidad para la mejora de la vida de la ciudadanía, pero también han aumentado exponencialmente los peligros a los que una sociedad puede verse sometida si los mecanismos de control no se gestionan adecuadamente", ha señalado García Ortiz, añadiendo que, según el Eurobarómetro, el 81% de los ciudadanos de la Unión Europea "está de acuerdo en que las noticias o la información que tergiversan la realidad son auténtico problema para la democracia".

El sistema "resiste"

Con todo, ha asegurado que "frente a determinados discursos que pretenden socavar" las instituciones y la propia convivencia, el sistema "resiste". "Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho resiste", ha recalcado. En referencia a dicha resistencia, ha añadido que "el Ministerio Fiscal, los hombres y las mujeres que lo integran, siempre estarán, siempre contribuirán con su trabajo y dedicación, a la garantía y la protección de los derechos de todas las personas, sin distinción y desde el respeto al ordenamiento jurídico".

En otro momento de su discurso, ha incidido en que la "ciudadanía debe conocer que el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley", para pasar posteriormente a desgranar los detalles de una Memoria, la presentada con ocasión de la Apertura del Año Judicial del pasado año, que contiene datos recogidos en 2023.

Por su parte la diputada de Vox Paloma Gómez, en una dura intervención, ha asegurado que en el caso de García Ortiz "se junta la maldad con la torpeza", al mismo tiempo que le ha situado entre la "gente sin principios y sin honor". En este sentido, esta diputada adscrita al grupo mixto le ha acusado de "ocultar pruebas y filtrar documentos".

Mientras que los senadores del grupo parlamentario vasco y de Izquierda Confederal han eludido la polémica por la situación procesal del fiscal general, Josep Baptista Bagué, de Junts, ha incidido en que "es muy injusto que los miles de jueces y fiscales queden caricaturizados por una minoría radical", y de allí ha pasado a criticar al Tribunal Supremo por endurecer la condena a la exlíder del partido Laura Borrás y obviar la aplicación de la amnistía.

"Defienden a un presunto delincuente"

Muy diferente ha sido la intervención del senador del PSOE Txema Oleaga, que ha afeado a los representantes de PP y Vox que ni siquiera se hubieran acercado a saludar al compareciente y aprovecharan la asistencia del fiscal general para "vapulear a una institución del Estado", haciendo oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo que "ha dejado claro que su nombramiento fue plenamente legal". Frente a ello, se ha referido a los responsables populares Alberto Núñez Feijóo y Díaz Ayuso de ser "dos personas que apestan a corrupción" --lo que ha merecido a intervención de la presidenta de la Comisión-- y ha acusado a la bancada popular de no tener más interés que "defender a un presunto delincuente como es González Amador".

"Más que reflexiones he escuchado imprecaciones, juicios de valor y creo que insultos", ha concluido García Ortiz durante su última intervención, lamentando que el hecho de que algunos portavoces hubieran leído, lo que significaba que no se le había escuchado. "Creo en la honestidad de la gente, crean ustedes en la honestidad del fiscal general del Estado", ha concluido.