Junts, ERC, Comuns y la CUP activan una comisión de investigación sobre Pegasus y las infiltraciones policiales

Junts, ERC, los Comuns y la CUP han registrado este jueves una solicitud para crear en el Parlament una comisión de investigación sobre el espionaje político a líderes independentistas y sobre la infiltración de policías en los movimientos sociales de Catalunya. Los cuatro grupos consideran que "el Estado español ha vulnerado derechos fundamentales" y "ha perseguido a la disidencia política con medios ilegales" y que, por lo tanto, sus responsables deben rendir cuentas ante el Parlament.

Aunque los cuatro partidos no tienen mayoría en la Cámara -suman 65 diputados de 135-, el reglamento del Parlament da la posibilidad de crear una comisión de investigación al año con tan solo el apoyo de tres grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados. Como esta condición sí la superan de sobras, el resto de partidos del hemiciclo no tiene derecho de veto y la comisión se hará sí o sí. El portavoz de Junts en la Cámara, Josep Rius, ha defendido la iniciativa alegando que "espiar a oponentes políticos no es democrático: es delito y es inmoral".

Espiar a oponentes políticos no es democrático: es delito y es inmoral

Josep Rius

— Portavoz de Junts

Los trabajos de la comisión se dividirán en dos partes y tendrán dos conclusiones. Por un lado, se abordará el espionaje a 65 líderes independentistas a través del 'software' israelí Pegasus. Un caso que estalló en 2022 tras una investigación del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Entre los espiados hay el expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Su caso está en los tribunales -el de otros afectados también-, que han señalado al CNI como principal sospechoso, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Por el otro lado, la comisión investigará también el caso de las infiltraciones policiales, destapado en 2024 y que vuelve a estar de actualidad por un reciente documental de TV3. Está acreditado que varios agentes de la Policía Nacional se infiltraron en movimientos sociales y políticos para hacer un seguimiento de varios activistas y que, en el desempeño de su trabajo, llegaron a tener relaciones afectivas e íntimas con ellos. "No son acciones éticas y no pueden tener cobertura política ni legal. El Parlament tiene que ser el baluarte de la defensa de los derechos", ha dicho la diputada de ERC Laia Cañigueral.

Esta comisión ya se intentó en la pasada legislatura, pero sus trabajos decayeron con las elecciones anticipadas y la disolución anticipada de la Cámara. Ahora se trata, según han explicado los cuatro grupos, de recuperar el trabajo hecho y acabar el que queda pendiente. El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha criticado que tanto el CNI como el Ministerio del Interior han "sobrepasado todas las líneas rojas" y que, además, realizaron todas estas acciones "sin ningún tipo de control judicial".

Marlaska y Rajoy

Este tipo de comisiones siempre aspiran a citar a responsables y a testigos clave de los hechos investigados. "El ministro [Fernando Grande] Marlaska tiene que venir al Parlament a dar la cara y a dar las explicaciones sobre el espionaje", ha dicho la diputada de la CUP, Pilar Castillejo. Aparte de Marlaska, Junts, ERC, la CUP y los Comuns también quieren citar a otros nombres destacados como el del expresidente Mariano Rajoy (PP) o las exvicepresidentas Soraya Sáez de Santamaría (PP) y Nadia Calviño (PSOE), por citar algunos ejemplos.

El problema histórico de estas comisiones es que tienen poca capacidad coercitiva para aquellos comparecientes que no quieren acudir a la Cámara cuando son citados. Por ejemplo, Marlaska ya rehusó acudir al Parlament en la pasada legislatura y no pasó nada. Rajoy lo ha hecho en múltiples ocasiones. La mayoría de personas citadas que deciden no acudir se escudan en un informe del Consejo de Estado que sostiene que los exaltos cargos del Estado no tiene por qué acudir a cámaras autonómicas.

Pese a estos obstáculos, Junts, ERC, la CUP y los Comuns han decidido volver a la carga con esta comisión porque consideran que el Parlament "no puede quedar impasible" ante estos hechos. Su objetivo es ponerla en marcha cuanto antes y, una vez en funcionamiento, tendrán 18 meses para realizar el trabajo y presentar las conclusiones. Que la comisión llegue a buen puerto también dependerá de que la legislatura no acabe de forma precipitada, como lo han hecho todas en Catalunya desde el año 2010.