El Govern ve "complicado" impedir que las 36.000 viviendas que dejarán de ser de protección oficial pasen al mercado privado

El Govern admite que es "jurídicamente muy complejo" impedir que los 36.000 pisos protegidos que, como reveló EL PERIÓDICO, en los próximos cinco años perderán esa condición pasen al mercado privado. Se trata de un 37% del parque público, por lo que los Comuns han reclamado al ejecutivo de Salvador Illa que actúe "de forma urgente". La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha respondido que todo lo que sea con carácter retroactivo tiene "implicaciones altamente complicadas" porque podrían comportar indemnizaciones elevadas.

36.000 pisos de protección oficial en Catalunya dejarán de serlo en 2030

Lo que sí que ha dejado claro la también portavoz del Govern es que toda la vivienda pública que se construya a partir de ahora mantendrá la protección. "Nunca más se destinará dinero público en vivienda pública que pierda esa condición al cabo de unos años", ha asegurado. Eso sí, nada ha prometido sobre esos 36.000 pisos de protección que están en cuestión. De ellos, 7.800 dejarán de ser sociales este mismo año si no se encuentra una fórmula para impedirlo.

El intento de salvar una parte

Cuando este diario publicó ese dato, fuentes de la conselleria explicaron que se exploraría prorrogar las licencias en las zonas declaradas tensionadas mientras se esté en situación de "emergencia habitacional" y que los que son de titularidad pública seguirán siéndolo de manera "indefinida", por lo que aspiran a poder salvar que una parte del parque actual acabe en el mercado privado.

De hecho, mantener esa protección forma parte de la lista de acuerdos entre el PSC y los Comuns para la investidura de Illa. La vivienda se ha convertido en la principal reclamación del partido de Jéssica Albiach al Govern, y si este lunes pedían mantener la reserva del 30% de vivienda social en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, este martes han apretado las tuercas también con el parque público de vivienda.

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Albiach ha emplazado al Govern a explicar su plan para evitar esta situación, que, según los morados, supondría "más precariedad y desahucios". "Ninguna vivienda protegida debe desprotegerse. No necesitamos menos vivienda pública, necesitamos más", ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament.

Intento frustrado en 2022

En Catalunya, la mayoría de los inmuebles con este régimen de protección especial están sujetos a licencias que cede la Generalitat y que limitan su condición durante un periodo de tiempo de entre cinco y 20 años. Pasado este plazo, los pisos pierden esta calificación. Desde hace años, tanto el Gobierno como algunos ejecutivos autonómicos -entre ellos, el catalán- insisten, sin éxito, en la necesidad de blindar la legislación para que las condiciones de estas viviendas sean de por vida. De hecho, la perpetuidad de las calificaciones VPO se intentó incluir en la ley de vivienda aprobada en 2022, pero fue tumbada por el Tribunal Constitucional.