El declive del Consell de la República: de la pérdida de poder al conflicto con los trabajadores y los gastos irregulares

El Consell de la República se presentó en otoño de 2018 a bombo y platillo en el Palau de la Generalitat, y posteriormente también en Bélgica con toda la solemnidad posible. Su principal misión era mantener el legado del 1-O en el extranjero, y en su momento más álgido consiguió llegar a los 100.000 inscritos. Pero empezó a flaquear al poco tiempo, con las dificultades para crear una nueva hoja de ruta unitaria en el independentismo y con la posterior desvinculación de ERC de la entidad.

Seis años después, no está claro ni su liderazgo ni su proyecto: el expresident Carles Puigdemont ha decidido dejar la presidencia para centrarse en Junts, las polémicas alrededor de la gestión anterior se multiplican y el proyecto independentista ha perdido su mayoría en el Parlament. Hasta el próximo miércoles sus afiliados pueden elegir nuevo presidente de entre los cuatro candidatos que concurren a las elecciones para la nueva dirección, aunque si su inicio ya fue atropellado, la segunda parte no tiene mejor pronóstico. 

La pérdida de poder político

Desde la creación del Consell hasta la actualidad ha llovido mucho. Entonces la Generalitat la presidía Quim Torra, Junts compartía con ERC el Govern y los indultos y la amnistía quedaban aún muy lejos. La victoria de los republicanos por delante de los posconvergentes en las elecciones de 2021, que permitió a Pere Aragonès convertirse en president, fue el primer golpe al Consell. Aragonès no quería una institución que le tutelara desde el extranjero y el pacto de investidura incluía una remodelación del proyecto que nunca llegó a efectuarse.

Un año después, en 2022, la situación se agravó con la salida de Junts del Govern, y abrió la puerta a los primeros pactos entre ERC y el PSC. Pero la estocada definitiva fue el resultado de las elecciones del pasado mes de mayo, cuando el independentismo perdió la mayoría en el Parlament y el mando en la Plaça de Sant Jaume, cuya plaza pasó ser ocupada por los socialistas.

Conscientes de la situación, los cuatro candidatos que se presentan al Consell prometen centrarse en la internacionalización de la reivindicación independentista. Sin embargo, en 2017, en pleno auge del 'procés', se hicieron evidentes las dificultades de esta vía al no haber recabado reconocimiento internacional a la causa.

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Acusaciones de mala gestión financiera

Pero la pérdida de peso político no es la única cuestión que erosiona al Consell. Las acusaciones de mala praxis económica que afectan a su exvicepresidente y también candidato a la presidencia, Toni Comín, han puesto en cuestión a la entidad. Comín ha sido acusado de pasar 15.530,35 euros de gastos personales a la cuenta del organismo. Unos cargos que él defiende que eran de representación, que estaban debidamente acreditados y que le correspondían por su papel en el Consell y su situación judicial. Entre ellos había el alquiler de un vehículo durante 15 días, un apartamento en el sur de Francia, los impuestos derivados de su casa en Lovaina (Bégica) y 6.000 euros en efectivo.

Las acusaciones no terminan aquí. El exrapero Valtonyc, que también había trabajado como técnico e informático del Consell, denuncia que Comín habría transferido fondos de la entidad a su cuenta personal. Y la expresidenta del Consell en la 'Catalunya Nord', Júlia Taurinyà, le achaca una forma de actuar muy poco transparente con la organización del acto celebrado en 2020 en Perpinyà. Una situación que otros miembros de la entidad aseguran que se ha repetido posteriormente en múltiples ocasiones, y que implican también a la hermana del eurodiputado, Betona Comín.

El exvicepresidente, por su parte, vincula todas estas denuncias a una venganza personal y defiende su gestión alegando que cuando asumió los poderes económicos del Consell era deficitario y que lo dejó con superávit.

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El conflicto con los trabajadores

Hay un capítulo más: el conflicto con los trabajadores. La gestión financiera del Consell provocó una fuerte tensión dentro del organismo, que acabó con la ruptura entre Sergi Miquel, gerente de CatGlobal -la empresa belga que gestionaba las cuentas-, y Comín. Para puentear a Miquel, el vicepresidente decidió crear en 2023 una nueva sociedad, Associació Catalana per la República Global (ACRG), con NIF español, y quiso transferir los trabajadores a esta empresa, ya que en España los impuestos sobre la renta son más bajos. Es lo que esta semana ha denunciado uno de los extrabajadores, Ferran Revilla.

El pasado diciembre la junta gestora del Consell decidió liquidar esta nueva empresa, con el objetivo de ordenar la situación para el nuevo equipo directivo, y despidió a los seis trabajadores que seguían en nómina. Según fuentes del Consell, se tuvo que llegar a un acuerdo para reconocer la antigüedad de los empleados, ya que hubieran perdido parte de su indemnización al haber sido trasferidos a la empresa creada por Comín.