En vista pública

El Supremo revisará el 10 de marzo la negativa de Llarena a aplicar la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig

La Sala de lo Penal tendrá la última palabra en el alto tribunal sobre el alcance de la ley en la malversación por la que se les procesó en rebeldía

Toni Comín junto con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo

Toni Comín junto con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo / EFE

Ángeles Vázquez

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Madrid
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 10 de marzo la vista pública en la que revisará la negativa del juez Pablo Llarena de aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron procesados en rebeldía el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig por su participación en el 'procés'.

Una sala compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo será quien tenga la última palabra en el alto tribunal respecto a la decisión del instructor del 'procés', Pablo Llarena, que, como sus compañeros que juzgaron el 1-O, bajo la presidencia de Manuel Marchena, consideró que el delito de malversación de caudales públicos entraba dentro de las excepciones previstas por la propia ley de amnistía, al suponer una forma de enriquecimiento personal, expresamente vetada por la norma.

Se trata del mismo argumento que utilizó el tribunal que juzgó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independentistas por el 1-O para no aplicar la amnistía a los que habían sido condenados por el delito de malversación: Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Sus recursos se han resuelto antes de los que en su día huyeron al extranjero, por lo que ya han podido impugnar esa negativa ante el Tribunal Constitucional. De hecho está previsto que los de los políticos republicanos sean admitidos a trámite en el próximo pleno de la corte de garantías, el que se celebrará la próxima semana.

Fuentes del alto tribunal señalan que la tramitación del recurso de apelación presentado por la defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, contra la negativa del magistrado instructor a aplicar la ley ha seguido su tramitación habitual, con el retraso que para el señalamiento de la vista, ahora fijada para el 10 de mazo, pueden haber supuesto las vacaciones navideñas.

El juez Pablo Llarena rechazó en septiembre un primer recurso de los procesados en rebeldía, y es en ese momento cuando empezó a correr el plazo para que la Sala revise esa decisión en apelación.