Torra presenta la primera demanda en Estrasburgo por el espionaje con Pegasus

El expresident Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Estado por el espionaje con Pegasus. Así lo ha anunciado el propio Torra en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Col·legi de Periodistes, junto con Costa y Elies Campo, ingeniero de telecomunicaciones y miembro de Citizen Lab, la organización que destapó en primer lugar el caso, conocido como CatalanGate. Según sus investigaciones, afectó alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo, pero solo 18 lo fueron con aval judicial.

Torra y Costa han celebrado haber podido llegar a Europa, pero también han lamentado que su causa no haya prosperado dentro del Estado, ya que la vía europea solo se puede abrir tras agotar todas las vías dentro de la justícia española. Se trata de la primera denuncia por esta cuestión que llega a Estrasburgo.

"La justicia europea finalmente podrá condenar al Estado español", ha anunciado Costa, que ha llegado a asegurar que se trata del espionaje masivo más grande "de la historia" en un país democrático. Torra, por su parte, ha afirmado que "ningún independentista puede tener un juicio justo en España" y se ha mostrado confiado en Europa, a pesar de ser conscientes de la lentitud de esta vía. "Las pocas victorias judiciales han venido de Europa", ha alegado.

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Los dos líderes independentistas renunciaron en su día a la vía penal, a diferencia de la elegida por otros políticos como el expresident Pere Aragonès, y presentaron un recurso por vulneración de derechos humanos. Sin embargo, en agosto de 2023 el Supremo rechazó admitir a trámite el recurso, tras hacerlo antes la Audiencia Nacional, al considerar que había "datos objetivos, no meros indicios" de que ni Torra ni Costa fueron espiados por el programa. Ahora también lo ha inadmitido a trámite el Constitucional.

El caso de Aragonès, que sí fue reconocido por el propio CNI, ha propiciado la imputación de la exdirectora del servicio de inteligencia del Estado, Paz Esteban. En su caso, el análisis del teléfono del expresident por parte de los Mossos ha confirmado que fue espiado con el programa Pegasus en 2018 y 2019 sin la pertinente autorización del magistrado del Tribunal Supremo.

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Sin consecuencias políticas

Torra, por su parte, ha lamentado que políticamente el caso no haya tenido "consecuencias" ni haya propiciado ninguna "dimisión". También ha asegurado que ha causado más revuelo internacionalmente que a nivel español o incluso catalán y se ha lamentado por ello.

"Yo era el presidente de la Generalitat en ejercicio cuando fui espiado. Es un hecho gravísimo que no ha tenido ningún tipo de respuesta ni consecuencia ni tampoco repercusión política. Que me espiaran como presidente me parece terriblemente grave, pero en contexto de pandemia no sé cómo calificarlo. Si pongo un adjetivo volvería a los tribunales", ha denunciado.

El expresident de la Generalitat también ha dado a entender que las investigaciones sobre este caso de espionaje han continuado y ha deslizado que, probablemente, se detectarán "más infecciones". Sin embargo, ha rechazado dar más detalles sobre esta posibilidad.

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Vulneración de derechos

Torra y Costa defienden en la demanda haber visto vulnerados varios derechos fundamentales, entre ellos algunos de personales como el de "intimidad y privacidad familiar" o el de "protección de datos personales", y otros de políticos como el de "libertad de opinión" o el de "participación y representación".

En la demanda, los querellantes también argumentan que el uso de este programa es "incompatible con la democracia y el estado de derecho" y recuerdan que la jurisprudencia europea da "derecho a los ciudadanos a saber si han sido espiados".

También denuncian que la legislación española que regula es espionaje "no se ajusta al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales" y piden que el TEDH obligue al Estado a darles a conocer "que información, datos o documentación privada" han obtenido y quién "ha tenido acceso a ella".