Sánchez lanza a Competencia contra la “tecnocasta” para sancionar y hasta bloquear a los gigantes tecnológicos

Pedro Sánchez sorprendió en el foro de Davos al pasar por alto la situación económica de España y centrar su intervención en la “amenaza” para la democracia y la soberanía europea de las redes sociales. Del control sobre el debate público y la acción de los gobiernos que, a través de los algoritmos y la desinformación, ejercería una “tecnocasta” personificada en Elon Musk, mano derecha de Donald Trump. Si entonces puso sobre la mesa la necesidad de endurecer la regulación, ahora en Moncloa ratifican la intención de desplegar y aprobar cuanto antes el reglamento europeo de servicios digitales para pasar a la acción.

El caballo de batalla para regular, sancionar y hasta bloquear determinados servicios de los gigantes tecnológicos, en el caso de que se reiteren infracciones consideradas muy graves, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un plan que Sánchez quiere acelerar para dotar de estas nuevas funciones a Competencia en las “próximas semanas”, como avanzó durante la presentación del Observatorio de Derechos Digitales. Hasta ahora se le ha atascado por la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Sánchez pide a la UE dar un paso más contra Musk e impulsar sus propias redes sociales y buscadores

Tras fracasar en diversos intentos de enmendar otros textos normativos, se aprovechó el decreto ómnibus para adaptar este reglamento. El rechazo del Congreso impidió su convalidación y el posterior acuerdo con Junts se limitó a salvar en un nuevo decreto las medidas del escudo social, dejando de lado estas reformas. Con todo, el Ejecutivo ha puesto en la diana a la “tecnocasta” y, antes de pedir más pasos a la UE, la prioridad es hacer los deberes a nivel nacional.

A través de una reforma en la ley de la sociedad de la información y de comercio electrónico se busca hacer frente a los discursos de odio y la desinformación, acabar con el anonimato en las redes sociales o tener acceso a los algoritmos. En definitiva, aumentar el control hasta el punto de poder restringir servicios por motivos de seguridad y salud pública, defensa nacional o de protección de la juventud e infancia. Eso sí, siempre previa autorización judicial. Especialmente, “el secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución”.

Las sanciones económicas, según el plan que se pretende aprobar, llegarían hasta el 6% del volumen de negocio anual en todo el mundo de la plataforma digital correspondiente. Un salto cualitativo, teniendo en cuenta que la multa más elevada impuesta por la Unión Europea a una tecnológica apenas representa el 0,6% de sus beneficios anuales.

De las redes a los medios

Para dotar de este papel regulador a la CNMC, se le añadirá una quinta dirección en su organigrama. Se trata de la dirección de servicios digitales, que se sumará a las de Competencia, Telecomunicaciones, Energía y Transportes y Servicio Postal. Ahora mismo, Competencia se limita a supervisar las plataformas digitales que sean prestadores del servicio de intercambio de vídeo a través de plataforma y estén establecidas en España. Está pendiente también de que este organismo asuma el grueso de las funciones incluidas en el plan de regeneración democrática para llevar a cabo “un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”.

De forma paralela, el Ejecutivo ya aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto ley orgánica reguladora de derecho rectificación para aplicarla a los ‘influencers’ y frenar la propagación de bulos en redes sociales. Según el texto, que deberá tramitarse todavía en el Congreso, los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores estarán incluidos dentro del ejercicio del derecho de rectificación. La norma de 1984 se adaptará así al actual entorno digital con el argumento “mejorar el debate público del país”.

Alternativa ‘made in UE’

Al margen de estas reformas, Sánchez sigue pidiendo a la UE ir más allá. Tanto a nivel de regulación, para que los “tecnomillonarios” rindan cuenta a título personal ante la justicia en caso de incumplimientos en sus plataformas, como a la hora de presentar una alternativa a los gigantes tecnológicos. Esto es, impulsando sus propias redes sociales, navegadores y servicios de mensajería.

Entrar así en la carrera por la que EEUU y China han intensificado la guerra por la supremacía tecnológica. Desde la perspectiva de la perspectiva de impulsar la autonomía estratégica de la UE y para garantizar que los nuevos desarrollos tecnológicos preserven los valores europeos y su crecimiento económico.

La otra pata en la que se pone el foco es el refuerzo del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, asentado en Sevilla. Para ello, el jefe del Ejecutivo anunciaba también este miércoles que defenderá en el ámbito europeo la elaboración de un plan de inversiones con el objetivo de crear infraestructuras digitales a través de colaboración público-privada.