Decisión del Consell Executiu
El Govern se compromete a destinar recursos a la ley de barrios pese a la prórroga presupuestaria
La previsión es que antes del verano se haga la convocatoria para que los municipios puedan acceder al fondo para mejorar zonas vulnerables
Illa prevé disponer en dos meses de los 4.000 millones para compensar la falta de presupuestos
El Govern logra validar la prórroga de presupuestos con la vista puesta en incorporar más recursos

Imagen del municipio de Badia del Vallès / FERRAN NADEU


Sara González
Sara GonzálezPeriodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
A finales del año pasado, cuando el Govern creía que, aunque tarde, podría ser posible tener nuevos presupuestos este 2025, la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, avisaba a sus socios de investidura -es decir, a ERC y a los Comuns-, que las cuentas eran necesarias para dotar económicamente proyectos como la ley de barrios. Pero el president Salvador Illa ya ha asumido que no tendrá nuevos presupuestos y que este año tendrá que transitarlo en prórroga presupuestaria, motivo por el que ha activado el plan b para, por lo menos, disponer de 4.000 millones más vía modificación de crédito.
Con la vista puesta en estos recursos adicionales, este martes el Consell Executiu se ha comprometido a garantizar la dotación para poder impulsar la ley de barrios con una convocatoria antes del verano -junio o julio- para que los municipios puedan optar a inversiones de entre 3 y 25 millones -la cifra está condicionada al número de habitantes de los ayuntamientos que opten y cumplan los requisitos- para mejorar zonas vulnerables. Nada más arrancar el mandato, el Govern anunció que este sería uno de los buques insignia de su acción gubernamental creando un comisionado específico a cargo de Carles Martí y dando continuidad así a una de las iniciativas emblemáticas de los gobiernos tripartitos.
A expensas de sumar crédito
Este martes, ha reafirmado su compromiso con que así sea activando un mecanismo alternativo teniendo en cuenta el escenario de prórroga y ha aprobado encargar a la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el despliegue de la ley, que fue aprobada en el año 2022. Se trata de un trámite que permitirá recurrir al instrumento de suplemento de crédito para garantizar los recursos, que no están previstos en las cuentas vigentes que fueron aprobadas en 2023.
El objetivo que tiene el Govern es que hasta 90 barrios puedan beneficiarse del fondo de la ley y una de las zonas en las que pretende poner especialmente el foco es en el Besòs. "Este fue uno de los proyectos mejor recordados de los gobiernos de Maragall y Montilla, supuso una inversión que transformó el espacio urbano", ha argumentado la portavoz del Executiu y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que ha defendido que la ley de barrios es necesaria para que los ciudadanos "ganen calidad de vida" a través de la mejora del urbanismo y la mejora de los servicios que los atienden desde la proximidad.
Una partida de al menos 150 millones
Lo que no ha aclarado el Govern es la partida anual que destinará, aunque sí se quiere igualar por lo menos la cifra que destinó el tripartito. "La dotaremos lo máximo que sea posible", se ha limitado a decir la consellera. Fuentes gubernamentales, sin embargo, admiten que se busca que la partida sea de, por lo menos, 150 millones de euros. La vía para obtenerlos tampoco está del todo clara, puesto que no es lo mismo disponer de los 4.000 millones de más que no tenerlos. En estos momentos, el Govern negocia con ERC y los Comuns para aprobar el decreto de suplemento de crédito en un plazo máximo de dos meses. En caso de que no sea posible ese pacto, Paneque ha apuntado la posibilidad recurrir a algún remanente de licitaciones.
De hecho, la consellera ha defendido que todo lo que defiende el Govern, también el plan económico para la inversión de 18.500 millones de euros en cinco años anunciado el viernes pasado por Illa, podrá llevarse a cabo aunque los presupuestos estén prorrogados. Eso sí, ha admitido que para que sea una realidad supondrá amarrar acuerdos con los socios de investidura porque 13.700 millones del cómputo global serán de inversión directa de la Generalitat y provendrán, por tanto, de las cuentas.
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