Presupuestos prorrogados
La CUP se abre a negociar las ampliaciones de crédito con Illa
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Laure Vega diputada y portavoz de la CUP en una rueda de premsa en el Parlament / Arnau Martínez / ACN


Gisela Boada
Gisela BoadaRedactora
Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra. Escribe en la sección de política y sigue la actualidad informativa del Parlament y del Partido Popular (PP) en Catalunya.
Con los presupuestos ya prorrogados, el president Salvador Illa se prepara para sacar adelante un decreto de modificación de crédito para que la Generalitat disponga de los 4.000 millones de euros de más obtenidos de la mejora de la recaudación. Su prioridad será pactarlo con sus socios de investidura -ERC y Comuns-, que suman la mayoría absoluta necesaria para ser avalado en el Parlament. Aun así, este martes la CUP ha dado un paso adelante y se ha mostrado dispuesta a sentarse a hablar con Illa sobre esta ampliación financiera.
"Nos gustaría negociar y hablar sobre a donde debería destinarse este dinero", ha declarado la portavoz anticapitalista, Laure Vega, en una rueda de prensa desde el Parlament, tras dejar claro que eso no significa aceptar "migas", sino poder poner sobre la mesa sus propuestas para mejorar las principales crisis actuales, entre las que sitúa la emergencia por la falta de vivienda o la necesidad de asignar recursos para mejorar la educación pública. De hecho, la también diputada en el Parlament ha emplazado a Illa a apoyar la creación de la comisión de estudio en la Cámara catalana para definir las medidas urgentes para la crisis habitacional, una propuesta que su formación junto con los Comuns presentaron a principios de año, junto a la petición de un pleno monográfico para debatir sobre esta cuestión.
De este modo, la CUP ha tratado de situarse como un actor más del tablero político, recordando a Illa que su partido "tiene propuestas", aunque cuente solo con cuatro diputados en el hemiciclo. De hecho, Vega le ha reprochado al president que no se pusiera en contacto con su partido para el acuerdo del régimen sancionador de la ley de vivienda -que busca multar a quienes se salten los precios de los alquileres o cometan fraude con contratos de temporada-, que fue pactado de forma oficial entre el Govern y los Comuns la semana pasada, pero que era también una de las propuestas que los anticapitalistas habían defendido.
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