Desalojo aplazado

Comuns y CUP exigen a Illa que se implique para evitar el desahucio de la Casa Orsola

Anticapitalistas y morados piden al president de la Generalitat que dé un paso adelante y no deje en manos del diálogo y la mediación la resolución del desalojo de los vecinos de la finca

DIRECTO | Última hora del desahucio de la Casa Orsola y protestas en Barcelona

La movilización ciudadana pospone 15 días el desahucio de madrugada de la Casa Orsola

La diputada de los Comuns Susanna Segovia y la de la CUP Laure Vega, en rueda de prensa

La diputada de los Comuns Susanna Segovia y la de la CUP Laure Vega, en rueda de prensa / ACN

Gisela Boada

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Comuns y CUP han instado al president Salvador Illa a intervenir en el desahucio de un vecino (Josep) previsto en la Casa Orsola, que ha sido aplazado por segunda vez para el 18 de febrero gracias a la movilización ciudadana, que ha frenado, de momento, la orden judicial de desalojo. "Instamos a Illa a que interceda en la Casa Orsola para demostrar que está del lado de los inquilinos", ha espetado la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, quien no ha aclarado si esta petición de implicación va en la línea de que la Generalitat compre el inmueble. "No hay que descartar ninguna herramienta", ha subrayado. Sin embargo, el Govern no tiene por ahora la intención de intervenir y lo deja en manos del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde la CUP también han pedido a Illa que se involucre. "La Casa Orsola es un toque de atención al Govern", ha traslado la portavoz Laure Vega. Así, a través de un símil futbolístico, Vega ha exigido al president tomar partido en esta situación: "En un Barça-Madrid, Illa no puede escoger ser un árbitro. Debe elegir entre los fondos buitre o Catalunya".

Durante estos 15 días se espera encontrar un espacio de diálogo para llegar a una solución consensuada entre los inquilinos del edificio y el nuevo propietario, un fondo inversor que planea reformar el inmueble para destinarlo a alquileres de corta duración. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró el lunes que esta mediación -liderada por el Sindicat de Llogateres- ya se estaba llevando a cabo y que el segundo aplazamiento era "fruto" de esas conversaciones. Poco después, el Sindicat de Llogateres y los vecinos de la finca negaron estar negociando con la propiedad. "Para empezar a negociar es necesario, en primer lugar, retirar las órdenes de desahucio a los inquilinos demandados", advirtieron, tras acusar a Collboni de instrumentalizar su lucha.

Este martes, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, se ha vuelto a referir a estas negociaciones mediadas por el Sindicat de Llogateres, aunque no ha mencionado que esté participando el fondo inversor, liderado por el empresario Albert Ollé, que el lunes publicó una carta anunciadon que consideraba vender la finca por el contexto actual. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que la Generalitat, de momento, no apuesta por la vía de la compra de la finca para el caso de la Casa Orsola. "Para Casa Orsola, la línea escogida por el Ayuntamiento de Barcelona y que vemos que puede tener resultados positivos es la vía del diálogo y la medición", ha afirmado la también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. No ha descartado, sin embargo, que la Generalitat haga uso de la vía del tanteo y retracto para adquirir otros edificios.

Una mesa de diálogo sin los propietarios

Los anticapitalistas y los morados han sido críticos en esta cuestión y han matizado que la intervención de Illa no debe responder a una "lógica de mesa de diálogo entre los que defienden la vivienda y los que quieren hacer negocio con ello", en palabras de Vega. La presidenta del grupo de los Comuns también ha abogado por una única respuesta posible: "Que [Illa] inste a la propiedad a sentarse y a negociar una solución que no puede ser otra que renovar los contratos de alquiler"

Ambas formaciones han situado la movilización ciudadana para evitar el desahucio de Josep como un punto de inflexión que irá seguida de más convocatorias si siguen dándose casos así. Este hecho, han coincidido Comuns y CUP, debe servir para buscar reformas estructurales que blinden el derecho a la vivienda. En este punto, han criticado el anuncio de Collboni de retirar el 30% de la reserva de vivienda social en Barcelona que instauró la exalcaldesa Ada Colau, una medida que creen que no va en la línea de situarse "del lado de los inquilinos".

Junts y PP

Preguntados sobre cómo valoran una posible intervención del Govern o el Ayuntamiento de Barcelona que pase por adquirir la finca, desde Junts han evitado dar respuesta alegando que es una cuestión "que no han debatido", y desde el PP tampoco han sido claros al declarar que lo ven bien "si se interviene para hacer cumplir la ley y corregir la situación de las personas que delinquen", aunque no han aclarado si consideran que alguien está cometiendo un delito en la situación de la Casa Orsola.