36.000 pisos de protección oficial en Catalunya dejarán de serlo en 2030

Desde hace años, tanto el Gobierno como algunos ejecutivos autonómicos -entre ellos, el catalán- insisten en la necesidad de blindar la legislación que protege a la Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que las condiciones que la hacen asequible sean de por vida. La perpetuidad de las calificaciones VPO se intentó incluir en la ley de vivienda aprobada en 2022, pero fue tumbada por el Tribunal Constitucional.

Actualmente, según los datos del Govern analizados por EL PERIÓDICO a partir de la respuesta a una pregunta parlamentaria del los Comuns, en Catalunya la mayoría de los inmuebles con este régimen de protección especial están sujetos a licencias que cede la Generalitat y que limitan su condición durante un periodo de tiempo de entre cinco y 20 años. Pasado este tiempo, los pisos pierden esta calificación. Esto es lo que ocurrirá en los próximos cinco años en Catalunya, con 36.000 pisos protegidos (el 37% del total, uno de cada tres), cuya calificación caducará en 2030. Pero no todos estos volverán al mercado privado, ya que fuentes de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aseguran a este diario que los que son de titularidad pública seguirán siéndolo de manera "indefinida".

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La promesa de Illa

En Catalunya se empieza a hablar de perpetuidad en la VPO a partir de 2019, un año que supuso "un cambio en el paradigma de la vivienda protegida", según Miquel Morell, economista especializado en urbanismo y vivienda. Ese año se hizo una reforma normativa que introdujo por primera vez la calificación permanente en las viviendas que se construyeran en suelo público o destinado a la VPO. En este caso se encuentran ahora unos 37.000 edificios (el 38% del total) que no perderán nunca su protección.

A esto se le sumarán los 50.000 pisos de protección oficial que el president, Salvador Illa, prometió al inicio de su mandato. Un parque público que fuentes de la Conselleria de Sílvia Paneque confirman que "tendrán calificación indefinida" en su totalidad. Aun así, a corto plazo, Catalunya perderá este 2025 unas 7.800 viviendas protegidas, pero después, de acuerdo con el Govern, algunas de ellas verán renovada su titularidad pública. Unas cifras que diferentes expertos consultados por este diario consideran "preocupantes", dada la emergencia habitacional.

"Es necesario dar un giro a las políticas de vivienda", apunta Morell, que si bien valora positivamente el compromiso del president, reconoce que no será fácil poder llegar a los 50.000 en este "corto" plazo de tiempo. De hecho, cree que aunque la intención es buena, el problema persistirá por el déficit de construcción de edificios de protección oficial que arrastra Catalunya desde hace décadas. Morell es coautor de un estudio de la Asociación de Promotores de Catalunya junto con la Universitat Pompeu Fabra que concluye que, para cubrir la demanda de vivienda actual, se deberían construir anualmente unos 20.000 pisos de protección oficial de media frente a los 1.200 que se edifican cada año. Esto supondría multiplicar por 17 el ritmo de construcción actual.

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Jaime Palomera, catedrático en Antropología Económica y cofundador del Sindicat de Llogateres, tampoco aprueba el sistema actual en el que se pueden liberalizar VPO: "Este modelo está pensado para que la gente que en condiciones de mercado sería difícil que pudieran comprar una vivienda, pueda ser propietaria", sostiene el experto. Además, indica que esto contribuye a la especulación: "Hace que toda la población que ha accedido a un VPO de este tipo [de compra y con licencia caduca] acabe pudiendo vender los pisos al mercado por un precio muy superior al que lo compró", añade, y aboga por un sistema que dé perpetuidad a todos los pisos en régimen de protección oficial, algo que también comparte Morell. Ambos expertos reconocen que el esquema vigente limita el crecimiento del parque público y no revierte el problema estructural de falta de vivienda.

La inseguridad jurídica

La perpetuidad de la VPO sería "un gran paso", matiza Palomera, pero requeriría de una modificación de la normativa estatal para dar cobertura a las reformas legales que se impulsen en Catalunya. Los Comuns y el PSC, como contrapartida a la investidura de Illa, acordaron que el Govern prorrogara las licencias de las viviendas protegidas en las zonas declaradas tensionadas para blindar su protección "mientras dure la situación de emergencia habitacional" y la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica mantiene que cumplirá.

Aplicar este acuerdo permitiría salvar 29.000 de las 36.000 viviendas de protección oficial que, con las reglas actuales, dejarán de serlo en 2030. Es decir, la pérdida de pisos protegidos en cinco años pasaría de representar un 37% a ser un 7% del total. Un escenario que cambiaría radicalmente el pronóstico actual.

¿Cómo conseguirlo? Esta es la principal incógnita de los partidos a la hora de abordar esta cuestión. Fuentes de la Conselleria confirman que están analizando cómo llevarlo a cabo, ya que podría existir un problema de inseguridad jurídica, algo que ambos expertos corroboran. De cara al futuro, sin embargo, desde el Govern aseguran a este diario que, "a partir de ahora, en Catalunya las nuevas viviendas calificadas lo serán de forma indefinida".

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