El Govern admite que necesita más inspectores para multar a quien se salte la ley de vivienda

Tal y como estaba previsto, el Consell Executiu ha aprobado este martes el régimen sancionador para multar a los propietarios que se salten los topes a los alquileres y a quienes cometan fraude de ley con los contratos de temporada. Las multas, de hasta 900.000 euros, entrarán en vigor este miércoles. Sin embargo, el Govern reconoce que la cifra de inspectores de los que dispone para que la Generalitat sea proactiva contra los infractores es "insuficiente", por lo que apunta que, pese a que a partir de mañana ya se podrán imponer las penalizaciones económicas, será necesario incorporar entre 75 y 100 inspectores más.

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Esta cuestión queda sujeta, ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a la negociación del suplemento de crédito -de unos 4.000 millones de euros- a los presupuestos prorrogados que el Govern quiere aprobar en los próximos meses, pero para el que necesitará el apoyo de ERC y de los Comuns. De momento, los republicanos se han mostrado reacios a negociar también esta modificación de crédito. "Los inspectores que tenemos en la Agència d'Habitatge y la de Consum son claramente insuficientes para tener una acción proactiva", ha asegurado la también portavoz del Govern.

Canal de atención a los inquilinos

En la presentación del régimen sancionador este lunes, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ya advirtió de que haría falta ese refuerzo para garantizar la aplicación de las multas, aunque su partido siempre ha apuntado a una cifra de inspectores más alta: entre 100 y 150. Mientras no se disponga de ellos, Paneque ha asegurado que la administración no se quedará de brazos cruzados. Por un lado, ha insistido en qué se habilitará un canal de atención telemático para que los inquilinos que vean vulnerados sus derechos tengan una ventanilla donde denunciar.

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Cabe decir que las sanciones no tienen carácter retroactivo, por lo que solo aplicará sobre los contratos que se firmen a partir de este miércoles. "Donde podremos actuar de forma inmediata es en los contratos que se hagan a partir de ahora", ha explicado la consellera, que ha explicado que desde la Generalitat se pondrá en marcha en las próximas semanas la campaña informativa para dar a conocer a los inquilinos sus derechos.

Actuación a corto plazo

Por otro lado, la Generalitat está dispuesta a actuar a corto plazo una vez pasados los cinco días que se concede a los agentes inmobiliarios y las plataformas de anuncios de vivienda para que adapten sus anuncios conforme a la ley y con la información que a partir de ahora será obligatoria: desde incluir el precio del índice de referencia a si el piso es de un gran tenedor, así como indicar la renta que se pagaba con el contrato anterior. "Donde se detecte falta de información, actuaremos", ha asegurado.

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Paneque ha defendido la aprobación de este régimen de multas porque sin él quedaba "coja" la contención de precios previstos en la ley de vivienda. Ha argumentado que el objetivo es "proteger" a las personas que viven de alquiler, pero también dar "seguridad" a los propietarios que obran correctamente frente a la "competencia desleal" de quienes no cumplen la norma. También ha enfatizado que se busca incrementar la "transparencia" del mercado para establecer una "relación justa" entre los arrendadores y los inquilinos.

"La vivienda es un derecho fundamental y los catalanes merecen poder vivir a un precio razonable. El Govern pide la colaboración de todas las partes y operar en un marco de entendimiento", ha subrayado la portavoz a sabiendas de que el régimen sancionador despierta recelos entre los agentes inmobiliarios y colectivos de propietarios. En estos momentos, en Catalunya hay un total de 271 municipios declarados como zonas tensionadas en los que, a partir de mañana, operará el nuevo régimen de multas.

Comisión interdepartamental

Por otro lado, el Consell Executiu ha dado luz verde a la constitución de una comisión interdepartamental que se encargará de "impulsar y coordinar" la construcción de 50.000 viviendas protegidas hasta 2030, uno de los principales compromisos que asumió el Govern al inicio de la legislatura.

Esta comisión se remonta también al pacto de investidura que el PSC cerró con los Comuns. La misma la presidirá el president Salvador Illa y su vicepresidenta será Paneque; les acompañarán responsables de los departamentos de Presidencia, Economía y Finanzas y Derechos Sociales, así como de las empresas públicas Agència de l'Habitatge de Catalunya e Incasòl.