Govern y Comuns pactan multas de hasta 900.000 euros para quienes eludan el límite de los precios de alquiler

Fumata blanca entre el Govern y los Comuns para poner en marcha el régimen sancionador de la ley de vivienda. Ambas partes han alcanzado un acuerdo para que se impongan multas de hasta 900.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a los propietarios que incumplan con los topes a los precios de los alquileres fijados por la norma, pero también a quienes cometan fraude de ley tratando de saltarse esos límites con contratos de temporada.

El Consell Executiu aprobará este martes el decreto que hará que las sanciones entren en vigor el miércoles, justo en una semana marcada de alto voltaje para el president Salvador Illa. En el Parlament está en juego la convalidación del decreto de prórroga presupuestaria y, en el ámbito de la vivienda, está señalado en rojo en el calendario el desalojo de la Casa Orsola el próximo viernes, convertida en símbolo de los colectivos que denuncian la especulación inmobiliaria.

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El Govern ha optado por ceder todo el protagonismo del régimen sancionador al grupo de Jéssica Albiach, encargada de anunciar los términos acordados del decreto después de reunirse este mismo lunes con la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La vía para poner en marcha las multas es la modificación de la ley de vivienda de Catalunya de 2007, que incorporará tres nuevas infracciones consideradas muy graves y que estarán multadas con entre 90.001 y 900.000 euros: fijar un precio de un alquiler que supera el 30% del tope establecido por la ley estatal, que no conste la finalidad del contrato o poner una finalidad que sea fraudulenta y cargar gastos de gestión al inquilino.

En el capítulo de infracciones graves, con una horquilla de multas de entre 9.001 y 90.000 euros, se incluye poner un precio de alquiler hasta un 30% por encima del de referencia o que en el contrato no figure ese importe de referencia o la renda del contrato anterior. El acuerdo, que tendrá que ser validado en el Parlament en el plazo de un mes, incluye también una modificación de la ley del Codi de Consum de Catalunya para que los agentes inmobiliarios y plataformas puedan ser multados con multas de hasta 100.000 euros si empujan a los propietarios al fraude de ley, sanciones que son acumulables si se cometen varias infracciones a la vez.

Lanzar un "mensaje disuasorio"

"Conseguimos el blindaje para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada y sancionamos a los que se saltan la regulación de los precios de los alquileres", ha presumido Albiach, que se ha mostrado "satisfecha" pese a reconocer que se llega "tarde", ya que el régimen sancionador actuará sobre los futuros contratos pero no directamente sobre los contratos ya vigentes. "Vamos a cerrar las vías que se utilizan para escapar de la contención de las rentas y lanzar un mensaje disuasorio", ha subrayado la líder de los Comuns en el Parlament.

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A partir de ahora, empezará a negociarse el cuerpo de entre 100 y 150 inspectores que tendrá que hacerse cargo de la aplicación del régimen sancionador y cuya financiación estará condicionada a la aprobación del suplemento de crédito que prevé el Govern para los presupuestos prorrogados si logra el aval de ERC. También, según lo acordado, la Generalitat deberá poner en marcha una ventanilla única en la Agència d'Habitatge de Catalunya para facilitar a los inquilinos las denuncias y una campaña institucional para publicitar las multas.

Una fotografía positiva en una semana compleja

El Govern trata así de arrancar con una fotografía positiva la semana más difícil que ha afrontado hasta el momento, dado que su gobierno en minoría no tiene todavía amarrados los votos para convalidar la prórroga presupuestaria -a expensas de qué decida hacer ERC- y el decreto de derogación de las multas impuestas a los ayuntamientos que se excedieron en el consumo de agua durante la sequía, que solo puede salir adelante por el flanco de la derecha, con Junts al frente.

A la espera de qué sucede en el pleno del miércoles, el Govern, que promete a bombo y platillo cumplir con todo lo acordado con sus socios de investidura pese a no poder aprobar nuevas cuentas por la negativa de ERC, puede lucir que se ha ceñido así el plazo fijado con los Comuns para aprobar el régimen sancionador. En diciembre, Illa anunció que Catalunya sería "la primera" comunidad autónoma en tener en vigor un régimen sancionador con inspectores con capacidad de supervisar y multar a quienes abusen de los precios de los pisos o cometan fraude de ley, y los Comuns rápidamente añadieron la condición de que eso tenía que suceder antes de que acabara el mes de enero.

La intención inicial del Govern era que estuviera vinculado a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025, pero ante la constatación de que difícilmente se lograrían aprobar, los Comuns presionaron para que el régimen de multas avanzara al margen poniéndolo como condición para seguir negociando carpeta a carpeta ante la ausencia de unas cuentas que Illa ya ha asumido que no podrán ser. El viernes tiene prevista una conferencia para explicar ante un público eminentemente del ámbito económico cómo piensa continuar la legislatura y garantizar la estabilidad sin presupuestos.

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El contexto será más o menos difícil para Illa en función de si se ha convalidado o no el decreto de prórroga, puesto que no lograrlo supondría prácticamente un cierre de caja de la Generalitat y dificultades para pagar incluso nóminas. La disertación del president está convocada a la misma hora que la maratón de resistencia vecinal convocada por el Sindicat de Llogateres para tratar de impedir el desahucio de los vecinos de la Casa Orsola.