La jueza aplaza por cuarta vez la declaración de la pareja de Díaz Ayuso al coincidirle con un viaje profesional

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha vuelto a aplazar la declaración del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como imputado por dos delitos fiscales, en el que el fraude que presuntamente se le atribuye ascendería a 350.00 euros, y uno de falsedad, prevista para el próximo 7 de febrero. Se trata de la cuarta vez que se produce una suspensión de su comparecencia. En esta ocasión es por un viaje previo del empresario a Estados Unidos entre el 4 y el 12 del próximo mes.

La Fiscalía apunta a una "comisión encubierta" pagada por la pareja de Ayuso a Quirón para respaldar que se le imputen más delitos

En una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, la magistrada que instruye la denuncia fiscal interpuesta contra González Amador y las empresas Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente acuerda la suspensión de las declaraciones de los investigados señalada para el próximo 7 de febrero, al "existir un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46" por parte de su abogado, "y además tener previsto un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12" de ese mes el propio imputado.

La citación ahora anulada respondía al requerimiento realizado tanto por la Fiscalía de Madrid como por las acusaciones populares personadas en la causa, que ejercen el PSOE y Más Madrid, para que esta comparecencia no se demorara más, dado que la interposición de la denuncia fiscal que dio origen al procedimiento cumplirá un año el próximo mes de marzo y aún no se ha tomado declaración ni a González Amador ni al resto de imputados. 

La comparecencia como investigado del empresario ya ha sido suspendida hasta en tres ocasiones y la defensa quiere que no se produzca hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que ha interpuesto contra la ampliación de la causa con otros presuntos delitos relacionados con su actividad empresarial, que la jueza acordó investigar en una pieza separada.

Antes de acordar un nuevo señalamiento, en la misma providencia, la magistrada concede cinco días al fiscal y al resto de partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la petición de la suspensión de las declaraciones solicitada por la defensa. Al abrir la pieza separada, la magistrada se remitía a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, "habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención"