El balance de los casos

Òmnium llevará a la Comisión Europea su informe sobre la amnistía para señalar las "irregularidades" en su aplicación

Òmnium fija en 1.616 los posibles beneficiados por la ley de amnistía

Òmnium crea una sindicatura para "fiscalizar" la aplicación de la amnistía caso a caso

Acto político de Òmnium Cultural con la presencia de Xavier Antich, presidente de la entidad.

Acto político de Òmnium Cultural con la presencia de Xavier Antich, presidente de la entidad. / JORDI OTIX

Gisela Boada

Gisela Boada

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Casi ocho meses después de la aprobación de la ley de amnistía, el independentismo sigue luchando para que su aplicación se haga efectiva, mientras son más de una decena los recursos presentados por gobiernos y parlamentos autonómicos contra la "inconstitucionalidad" de la medida. Conscientes de la dificultad de este asunto, desde la organización independentista Òmnium Cultural anunciaron en junio, antes de que la norma tuviera luz verde en el Congreso, una sindicatura con el objetivo de "velar" por el cumplimiento de la ley. El informe de este análisis lo ha presentado este jueves a la comisión de justicia del Parlament el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que tiene previsto elevarlo también a instancias internacionales, al asegurar que constata "irregularidades" en el grado de aplicación de la norma.

En palabras suyas, el documento pone de relieve la "omisión y lentitud" de la puesta en marcha de la medida de gracia y señala una "mala praxis judicial" en su despliegue. Este documento, ha asegurado, lo presentarán a la Comisión Europea para que lo añada al informe del Estado de Derecho de España que el órgano elabora periódicamente para evaluar el estado de salud de los países miembros.

Un "boicot" de los jueces y la derecha

Si en junio desde Òmnium cifraron en 1.616 los posibles "represaliados" beneficiados por la medida de gracia, más de siete meses después, el informe emitido por la entidad apunta que un 39% de los que la han pedido han sido amnistiados, mientras que un 41% peticiones siguen pendientes de ser resueltas, es decir, sin respuesta judicial. Según el documento, más de la mitad de casos ha superado el periodo de dos meses que establece la ley para obtener una decisión.

Ante estos datos, Antich ha denunciado desde el Parlament un "boicot de la cúpula judicial", así como a una "estrategia de ofensiva política" de la derecha y la extrema derecha española para "bloquear" su aplicación. En ese sentido, el presidente de la entidad ha asegurado que esta norma ha sido la "más recurrida" de la historia, con 15 recursos presentados, 12 por gobiernos autonómicos y tres por parlamentos de comunidades autónomas.

Las conclusiones del informe realizado citan diferentes "irregularidades" que ponen trabas a la aplicación de la norma. Antich ha hablado de una "falta de voluntad" por parte de los "actores judiciales", a quienes culpa de no actuar de oficio para amnistiar, algo que considera que "relega la acción a la demanda de los afectados" y dificulta el despliegue normativo. También ha acusado a la cúpula judicial de emplear una "doble vara" en sus resoluciones, al asegurar que el informe muestra con claridad que la amnistía a los policías se aplicó de forma "rápida y en bloque", mientras que a las "personas represaliadas" se hace con "cuenta gotas" y con mucha menos celeridad.

La colaboración de los partidos

Estas "desigualdades", ha añadido Antich, obligan a la organización que lidera a seguir "fiscalizando" para garantizar que no se obstaculiza la aplicación de la medida de gracia. Por eso, desde Òmnium han sido claros al exigir a los grupos parlamentarios del Parlament y al Govern que colaboren en la denuncia de estas "irregularidades" y al seguimiento "exhaustivo" de todos los casos, un trabajo que entienden que debe hacerse de forma conjunta.

Tras ser directamente interpelados por el presidente de Òmnium, los partidos independentistas han abierto turno de palabra. Agustí Colomines, de Junts, ha agradecido la labor de la entidad, pero ha querido dejar claro que su partido no considera que se cometiera "ningún delito", por lo que la norma, ha incidido, "nunca debería haber existido". En la intervención ha sido crítico también con Òmnium y ha rechazado que la vía para la queja sea "hablar de los malos del PP y de Vox". "¿Y la izquierda española? Fue cómplice necesario de la aplicación del 155", ha espetado, en referencia al hecho que la organización independentista ha pedido al Govern de Salvador Illa su colaboración para la aplicación "correcta" de la norma. En ese sentido, Colominas ha reconocido que cree que "ellos [PP y Vox] hacen su trabajo", al bloquear la medida de gracia, y pese a que se ve "a años luz" de ambos partidos, prefiere su claridad porque "van de cara", insinuando que los socialistas no lo hacen.

Por parte de ERC se ha posicionado diputado y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, con una retórica completamente opuesta que ha situado la ley de amnistía como un ejemplo de "éxito" colectivo y del movimiento, y una forma de constatar que "el Estado ha rectificado" y ha asumido que "votar no es un delito", algo que "hoy queda más patente que nunca". Desde la CUP, Pilar Castillejo, ha sido clara y breve al hacer un "balance pobre" de la ley, considerar que "no resuelve la cuestión de fondo" y lamentar que está sujeta a la "arbitrariedad" de los jueces.