El juez que investiga la revelación de secretos del novio de Ayuso reclama a la Fiscalía su normativa sobre uso de móviles y correos electrónicos

El magistrado del Tribunal Supremo Luis Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por una posible revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue indagando en el borrado de los mensajes en el teléfono de Álvaro García Ortiz en las fechas en las que pudieron filtrarse los correos electrónicos sobre el pacto que el empresario pretendía alcanzar con la Fiscalía, para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Para ello, este miércoles ha dictado un auto en el que acepta algunas diligencias solicitadas por las acusaciones particulares en las últimas fechas: pide a la Fiscalía copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y e-mails, y pregunta si los dispositivos entregados por García Ortiz fueron formateados.

Las diligencias se acuerdan después de que en sus declaraciones de la pasada semana, tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como el fiscal que denunció el presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador negaran la existencia de un protocolo de borrado de mensajes por cuestiones de seguridad, y ello pese a que desde Fiscalía General se había explicado la desaparición de los mensajes de García Ortiz en cumplimiento de una instrucción sobre protección de datos que se aplica desde 2019. También se aludió a una guía básica de actuaciones que llama a evitar el almacenamiento de documentos o de información que contenga datos personales, aunque ninguno de estos documentos dicen nada en concreto sobre borrados periódicos.

Peticiones

Por ello, una de las diligencias que acuerda Hurtado es la de requerir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.

 En segundo lugar, el instructor accede a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; remita los dispositivos móviles entregados por Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; e informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y software utilizado.

Pregunta también por el formateo de los móviles ya entregados por considerar que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado.

Ni asesores ni fiscal de Begoña

Se rechazan sin embargo otras diligencias, "sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación". Una de ellas es la toma de declaración de varios altos cargos o ex altos cargos de Moncloa, que habían sido señalados por haber tenido acceso a los correos electrónicos que centran la investigación tras la declaración del que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato.

Tampoco se accede otras diligencias referidas a terminales telefónicas de algunos periodistas que informaron sobre los correos investigados, y en este punto el juez destaca al respecto que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información. 

Hurtado rechaza igualmente la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de caso que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ya que “no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente”. Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.

Sobre este punto, el magistrado afirma que el estado de la investigación aún es incipiente para apuntar "más allá" de un un presumible delito de revelación de secretos y que por lo actuado hasta el momento "no es suficiente para presumir la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos" que precisa el delito de prevaricación.